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Caía la noche en São Paulo de Olivença, un poblado tan remoto como lo sugiere su nombre.
A escasos kilómetros de la frontera con Colombia, encajado en una esquina noroccidental de la amazonia brasileña, el distante municipio alberga apenas a unas 37.000 personas en un área que cubre la mitad de Costa Rica. La matemática esclarece: en São Paulo de Olivença viven, en promedio, menos de dos personas por kilómetro cuadrado.
Ahora, sin embago, mientras cae la noche de principios de agosto la densidad poblacional se dispara en el interior de aquel bar cuyo nombre no fue revelado por la policía. Un grupo ruidoso de hombres bebe y celebra. La euforia los distrae; no consideran el contexto ni que podrían estar siendo escuchados. No se frenan.
Hablan sobre los indígenas a los que masacraron, más o menos una decena de ellos. Presumen de la matanza, de haber arrojado los restos al río Jandiatuba luego de desmembrarlos para que no flotaran. Como prueba, muestran a quien quiera ver un remo tallado a mano que, aseguran, perteneció a la tribu que ahora lamenta el asesinato de una quinta parte de su población.
Los hombres ruidosos, eufóricos por el recuerdo de la sangre, confundidos por el alcohol en la sangre, siguen celebrando su victoria. Más tarde, cuando enfrenten a las autoridades, los hombres –que son mineros ilegales– dirán que el enfrentamiento con los indígenas se dio en una situación de asesinar o ser asesinados.
Selva adentro
En ningún otro país del planeta existen más tribus aisladas –es decir, comunidades de seres humanos que, por circunstancias relacionadas a su cultura o su contexto, no tienen contacto con la civilización global– que en Brasil. Se estima que, en el mundo, existe más o menos un centenar de tribus aisladas, y casi 70 viven en la selva amazónica de Brasil; otras cifras apuntan a que solo en el país suramericano viven 103 tribus.
En particular, el valle de Javari acoge a una veintena de esas tribus; ningún otro punto del planeta acoge a más tribus aisladas que este lugar, justo donde se realizó la matanza de 10 indígenas.
Solo una casualidad ventiló la masacre.
Mientras los mineros se ventilaban triunfantes, una persona no identificada grabó la conversación, explícita en detalles macabros, y la entregó a las autoridades.
Ahora, casi un mes después, el mundo entero conoce de la investigación que llevan a cabo las autoridades brasileñas para ajusticiar a los delincuentes.
“Fueron comentarios vulgares de bares”, dijo, en una entrevista para el New York Times , Leila Silvia Burger Sotto-Maior, coordinadora de la Fundación Nacional del Indio de Brasil (Funai), organización que presentó una denuncia ante el procurador en el estado de Amazonas para llevar a los mineros ante la justicia.
El proceso no es sencillo, sin embargo. Pablo Luz de Beltrand, procurador a cargo del caso, dijo que las investigaciones se complican ante el tamaño de los territorios y lo remoto de ellos. Tampoco es su primer caso: a principios de año se reportó una matanza similar, cuyo caso sigue abierto y sus perpetradores libres.
“Estas tribus están asiladas, incluso Funai tiene poca información sobre ellos. Así que es una labor extenuante que requiere que todos los departamentos trabajen en conjunto”, dijo Beltrand.
La amenaza fantasma
Lo anterior se dice mucho más fácil de lo que se hace. Bajo el actual gobierno, liderado por el presidente Michel Temer, el porcentaje del presupuesto destinado a asuntos indígenas ha sido diezmado.
En abril, la Funai cerró cinco de las 19 bases que usa para monitorear y proteger a las tribus aisladas y redujo su personal en otras. Las bases son usadas para prevenir invasiones por leñadores y mineros y para comunicarse con tribus recientemente contactadas; tres de esas bases se cerraron en el valle de Javari.
Mientras las organizaciones como la Fundai trabajan con migas, el gobierno de Temer se apoya en poderosos agricultores, ganaderos y mineros para impulsar cambios económicos.
Uno de esos cambios, que vino en forma de un decreto presidencial que daba acceso a los mineros para que trabajaran en una gran reserva del Amazonas, causó indignación internacional. Después de que un juez bloqueó el decreto, el gobierno anunció que revisaría su decisión pero los críticos se mantienen alerta.
Mientras tanto, las tierras siguen al rojo vivo; las disputas generan víctimas, y no hay grupo más vulnerable que las tribus aisladas, que no saben de Temer ni de minería ni de negocios, pero ven su vida literalmente interrumpida por la ambición y la violencia. A finales de julio, 50 personas habían sido asesinadas en la zona, entre activistas defensores de la selva e indígenas que habitan la zona; ningún policía ha resultado herido, lo que cual genera sospechas como mínimo.
“Si la investigación confirma los reportes este será otro genocidio ocasionado por las fallas del gobierno brasileño para proteger a las tribus aisladas, algo que está garantizado en la constitución”, dijo a la prensa internacional la activista Sarah Shenker, Survival International, una entidad global que trabaja a favor de los derechos de los grupos autóctonos en todo el mundo.
Shenker fue clara: dados los números de población tan reducidos de las tribus aisladas del Amazonas, el asesinato de 10 indígenas a manos de los mineros significa el exterminio de un porcentaje importante de un grupo étnico; el desbalance que esta matanza puede provocar en la dinámica de la tribu es inestimable.
“Cuando su tierra está protegida, los indígenas prosperan”, advirtió Shenker. “Cuando su territorio es invadido, pueden ser exterminados”.
