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Mientras su bebé de tres meses se recuperaba de una cirugía de corazón en uno de los principales hospitales públicos de Caracas, los médicos le dijeron a Yamila que debía salir a comprar insumos médicos básicos para su niña, ya que en el hospital se habían agotado.
Le entregaron una lista que incluía catéteres, jeringas para fluidos intravenosos, antibióticos y otros medicamentos, contó a un investigador de Human Rights Watch (HRW) en noviembre.
Yamila debió entonces dejar a su hija e iniciar una búsqueda desesperada para conseguir insumos médicos que son tan básicos que nunca deberían faltar en ningún hospital, y mucho menos en uno de los hospitales universitarios más importantes del país.
Ninguno de los hospitales y farmacias que visitó tenían lo que ella necesitaba. Al final, Yamila no tuvo más opción que comprar lo único que pudo encontrar en el mercado negro, sin ninguna garantía de calidad.
En crisis. El sistema de salud de Venezuela, que durante mucho tiempo fue motivo de orgullo para el Gobierno, atraviesa una profunda crisis.
Miles de pacientes no pueden recibir tratamientos médicos esenciales, y miles más están en lista de espera para someterse a cirugías que podrían ser vitales, debido a que los médicos no tienen el material quirúrgico.
El Gobierno intenta eludir su responsabilidad y ha arremetido contra los directivos de una cadena líder de farmacias . Ha detenido e interrogado a médicos que critican la escasez, pero lo cierto es que no ha asegurado que medicamentos e insumos esenciales estén disponibles en el sistema de atención de salud pública.
Mientras, las restricciones cambiarias y los controles de precios obstaculizan la posibilidad de que estos sean suministrados por empresas farmacéuticas. La caída del precio del petróleo, primera fuente de ingresos, ha agravado sustancialmente una situación que ya era precaria.
En visitas realizadas a Venezuela, HRW advirtió que había faltantes de medicamentos para el tratamiento del dolor, asma, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Había también escasez de jeringas, gasas y agujas, y los hospitales no podían hacer análisis básicos de laboratorio.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de asegurar que estos medicamentos estén disponibles y sean accesibles para todas las personas, sin discriminación.
Rápido deterioro. Si bien documentamos estos problemas en países de todo el mundo, pocas veces hemos visto, fuera de zonas en guerra, un deterioro tan rápido en el acceso a medicamentos esenciales como el de Venezuela.
El desabastecimiento que se observa afecta tanto a hospitales importantes como a farmacias privadas. Y las políticas adoptadas por el Gobierno hacen que sea incluso más difícil conseguir estos medicamentos básicos, tanto en el sistema de salud pública como en el privado.
A fines de 2014, los hospitales públicos tenían en lista de espera aproximadamente a 20.000 pacientes que necesitaban someterse a cirugías, incluidos 4.000 en el Hospital Universitario de Caracas, según datos de Médicos por la Salud.
En enero, luego de que, según la prensa, habrían fallecido más de 10 enfermos que esperaban poder ser operados en ese hospital, el establecimiento cerró la unidad de Cirugía Cardiovascular y envió al resto de los pacientes a sus casas.
La unidad reabrió en febrero, pero, dos semanas después, volvió a cerrar.
Médicos del servicio pediátrico de ese hospital dijeron que esterilizan y reutilizan las mascarillas para tratar a niños con afecciones respiratorias. A su vez, médicos del Hospital J. M. de los Ríos, el principal centro médico para niños de Caracas, indicaron que enfrentaban graves desafíos para efectuar diagnósticos porque carecían de insumos tales como tubos de ensayo o reactivos para realizar análisis.
Enfermedades virales. Al igual que en otros países de la región, se ha producido en Venezuela un drástico aumento de males virales transmitidos por mosquitos, y en 2014 se estimó que había más de 34.000 presuntos casos de chikungunya y 75.000 presuntos casos de dengue, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud.
En consecuencia, el Gobierno se comprometió a importar medicamentos para el dolor y fiebre, pero a menudo los venezolanos no los encuentran.
Esta situación ha provocado un profundo malestar entre la población, que, desde febrero de 2014, ha realizado protestas por distintas causas, incluida la escasez de medicamentos y otros bienes. Miembros de las fuerzas de seguridad han utilizado la fuerza ilegítima contra manifestantes y transeúntes.
Es habitual que el Gobierno venezolano intente desviar la atención de las distintas crisis que enfrenta planteando teorías conspirativas o buscando chivos expiatorios.
En vez de abordar las causas subyacentes de la escasez de productos, el Gobierno detuvo en febrero a dos directivos de una cadena farmacéutica durante 45 días.
Varios médicos han sido aprehendidos e interrogados por policías tras haber reclamado públicamente por la escasez de medicamentos e insumos médicos, o luego de atender a manifestantes heridos.
Sin embargo, en realidad, el responsable de esta situación es, en gran medida, el Gobierno.
Para la mayoría de los medicamentos e insumos médicos, Venezuela depende de proveedores privados. La normativa sobre tipo de cambio y controles de precios que ha impuesto el Gobierno están obstruyendo este proceso.
Sin dólares. Los proveedores extranjeros exigen pagos en moneda extranjera, pero los dólares no se consiguen fácilmente debido a que el Gobierno mantiene un férreo control de las pocas reservas que parece tener.
Las farmacéuticas privadas necesitan autorización gubernamental para comprar dólares para pagarles a los proveedores extranjeros. Una vez otorgada la autorización para obtener dólares, deben solicitar al Banco Central de Venezuela que los entregue. Este proceso suele estar asociado con largas demoras, que se traducen en pagos tardíos, según nuestra investigación. Y los proveedores se niegan a realizar nuevos envíos a Venezuela hasta que se cancelen las deudas.
Dado que la ley prohíbe comprar dólares fuera de este sistema, las compañías farmacéuticas no pueden comprar legalmente divisas de otro modo. Pero aun si esto fuera lícito, tampoco sería económicamente viable. La legislación venezolana aplica un precio máximo a la venta de medicamentos en el país en función del tipo de cambio oficial, que es de aproximadamente el 3% del valor en el mercado negro.
Si las empresas compraran dólares fuera del procedimiento oficial, terminarían pagando mucho más por los medicamentos y los suministros de lo que luego podrían cobrar por ellos.
Así es como hospitales y farmacias se quedan habitualmente sin insumos y medicamentos básicos, lo cual hace cada vez más difícil que los médicos puedan hacer su trabajo. Como nos dijo un médico, “es frustrante como médico no poder resolver con medicamentos o con intervenciones las cosas que estamos entrenados para hacer, que es quitar la enfermedad, o por lo menos mejorarla, aliviar el dolor”. Como consecuencia de esto, hay decenas de miles de personas cuya salud o vida se encuentra en riesgo.
*El informe de HRW, escrito por su director adjunto de salud y derechos humanos, Diederik Lohman, fue reducido por razones de espacio. La versión original está en http://www.hrw.org/es/news/2015/04/29/la-crisis-del-sistema-de-salud-de-venezuela
