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Nueva York
El pacto nuclear alcanzado entre Irán y las potencias internacionales recibió el visto bueno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que autorizó el comienzo del levantamiento de gran parte de las sanciones contra Teherán.
El máximo órgano de decisión de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 2231, que permitirá la entrada en vigor en 90 días del acuerdo cerrado la pasada semana en Viena tras años de negociaciones entre Irán, por un lado, y Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, por el otro.
Según el texto, siete resoluciones de Naciones Unidas sobre Irán —y con ellas multitud de sanciones— dejarán de ser efectivas tan pronto como la Agencia Internacional de la Energía Atómica verifique que el país ha cumplido con ciertas medidas clave incluidas en el pacto.
Entre otras cosas, Irán debe desmantelar en las próximas semanas dos tercios de sus centrifugadoras y reducir sus reservas de uranio enriquecido de unos 12.000 a solo 300 kilos.
Con ello, Teherán pasará de disponer de material "suficiente como para producir unas diez bombas atómicas a tener una fracción de lo necesario para fabricar una", destacó tras la votación la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power.
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Una vez verificados esos primeros pasos, desaparecerá la mayor parte del régimen de sanciones que las Naciones Unidas ha ido levantando contra el programa nuclear iraní en los últimos años.
Sin embargo, algunas medidas contra Irán continuarán en vigor, caso del embargo de armas —que se mantendrá durante cinco años— y la prohibición de importar compuestos para su programa de misiles balísticos, que se extenderá durante ocho. Además, el Consejo de Seguridad estableció con la resolución un novedoso mecanismo para recuperar sanciones en caso de que Teherán incumpla el pacto.
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Según el texto, si el Consejo recibe una denuncia de incumplimiento, las sanciones se volverán a aplicar en un plazo de 30 días, a no ser que el máximo órgano de la ONU vote una resolución que diga lo contrario.
El sistema impide, a priori, a cualquier país usar su capacidad de veto para impedir la reintroducción de los castigos.
