WASHINGTON
La oleada de inmigrantes ilegales que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo un número inédito de niños de menores de edad, es causada por la violencia y una considerable falencia institucional en varios países centroamericanos, sostiene un estudio divulgado este lunes.
Según el estudio La Otra Frontera de México, la acción de grupos de traficantes de drogas y secuestradores, aliada a una marcada reducción en la capacidad estatal de proteger a sus ciudadanos en varios países de la región, generó la situación que el gobierno de Estados Unidos ya clasificó como "emergencia humanitaria".
El trabajo fue elaborado por un grupo multidisciplinario del Washington Office on Latin America (WOLA), que acompañó durante meses las rutas de los inmigrantes desde Guatemala y Honduras a través de México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
"Creo que el factor fundamental del fenómeno es lo que podemos denominar una 'tormenta perfecta', que unió la violencia y la pobreza, y además, especialmente en caso de Honduras, le sumó un debilitamiento del Estado de derecho", dijo Maureen Meyer, especialista de WOLA y una de las autoras del estudio.
Los datos reunidos por el equipo mostró que si del lado estadounidense de la frontera las autoridades hablan de una "emergencia humanitaria", en las proximidades de la frontera sur de México la situación es todavía más grave.
Meyer dijo que el gobierno estadounidense alertó hace menos de un mes al mundo sobre la situación en su frontera sur.
El equipo de WOLA recorrió las rutas de migrantes a través de México y constató la persistencia de los testimonios sobre secuestros y extorsiones a lo largo de la aventura, sin que las autoridades mexicanas o de los países de origen sean capaces de intervenir de forma eficiente.
"La pasmosa frecuencia con que ocurren secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones y homicidios coloca las penurias sufridas por los migrantes centroamericanos en tránsito hacia México en el primer lugar entre las peores emergencias humanitarias del Hemisferio Occidental", afirma el estudio.
Meyer apuntó que mientras en Estados Unidos se ha generado una discusión sobre los derechos migratorios de los indocumentados, prácticamente ninguno de los migrantes consultados mencionó la posibilidad de obtener residencia en Estados Unidos como factor fundamental para intentar la aventura de cruzar la frontera.
"En general se trata de jóvenes que no quieren ser reclutados por las maras (pandillas) o quieren salir de las maras, o chicas que quieren evitar que las obliguen a sumarse a esos grupos o que son amenazadas por redes de prostitución forzada", dijo Meyer.
El estudio de WOLA presentó también diversas propuestas para buscar una solución a la situación, y en este sentido la entidad sugirió que la asistencia de Estados Unidos debe concentrarse en incrementar la presencia de entidades judiciales no apenas en México sino también en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La propuesta más sorprendente, sin embargo, es la "reforma radical" del Instituto Nacional de Migración (INM) en México.
"El INM es la entidad en México encargada de aplicar la ley migratoria y también de proteger a los migrantes", dijo Meyer.
No obstante, agregó, sus problemas estructurales hacen que sea necesario reformarlo por completo.
El estudio, dijo Meyer, será presentado a legisladores en Estados Unidos y México para discutir los resultados e incentivar debates sobre las posibles soluciones.