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Guatemala
Otto Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala luego de que el Congreso le retirara la inmunidad y un juez le prohibiera salir del país y dictara una orden de aprehensión.
El exmandatario está acusado en el mismo caso que le costó el cargo a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a varios miembros de su gobierno.
Estas son cinco preguntas básicas para entender que pasará tras la renuncia del mandatario.
¿Qué sigue en el proceso contra Pérez Molina tras su renuncia?
El juez profirió una orden de detención en contra del aún mandatario y lo citó a un interrogatorio para que dé su primera declaración y le expliquen los cargos que pesan en su contra.
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Luego de que rinda su declaración, el juez deberá decidir si lo vincula al proceso penal o no. Si no lo hace, Pérez Molina quedaría libre. De vincularlo, el juez puede, o no, ordenar su arresto y prisión preventiva.
No habrá un vacío de poder porque Guatemala tiene a un vicepresidente nombrado en propiedad, Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumiría el cargo.
Maldonado, un abogado conservador, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, fue electo por el Congreso de una terna presentada por Pérez Molina luego de que Baldetti renunciara al cargo el 8 de mayo.
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Tras asumir, Maldonado tendría que enviar una terna al Congreso para conocer quién lo acompañará como vicepresidente hasta que entregue el poder al nuevo gobierno el 14 de enero de 2016.
¿Cuáles son las etapas del proceso penal en contra de Pérez Molina?
Aunque los tiempos del debido proceso penal están definidos en leyes y códigos usualmente hay retrasos debido a los recursos legales que pueden solicitar tanto defensores como la fiscalía y otras partes.
Si Pérez Molina está en prisión en la primera fase de la investigación, la fiscalía deberá presentar en un periodo de tres meses las evidencias suficientes para que el juez ordene llevarlo a juicio.
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Usualmente, en Guatemala toma un año para que alguien sea llevado a juicio. Sin embargo, en este caso también dependerá de la conexión que se haga del caso de los otros procesados.
La otra arista será el embargo de bienes y la inmovilización de recursos con fines de extinción y la recuperación del dominio, que es un proceso paralelo e independiente de las acciones penales que lo adelanta un juez diferente y que podrá hacerse en los días, semanas y meses posteriores a la definición de su situación jurídica —si es formalmente acusado y detenido, o no—, a petición de la fiscalía.
¿Amenaza el procesamiento de Pérez Molina las elecciones en Guatemala?
Oscar Peláez Almengor, analista político y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aseguró que el proceso penal contra Pérez Molina no afecta las elecciones en Guatemala programadas para el próximo domingo 6 de setiembre.
"El proceso eleccionario lo marca la constitución. El presidente no es responsable directamente de las elecciones sino es el Tribunal Supremo Electoral que es autónomo" , dijo Peláez Almengor. Explicó que en el país no ha habido una fractura constitucional y que los tiempos que establece la constitución para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano y autoridades municipales se están cumpliendo.
Aunque las protestas de miles de guatemaltecos contra la corrupción han incluido la petición de que se anulen las elecciones, las posiciones no son unánimes.
El sector empresarial y la Iglesia católica se unieron para pedir a la población que vote el 6 de setiembre, mientras el Tribunal Supremo Electoral ha empezado a enviar la documentación y boletas para emitir el sufragio.
¿De qué se acusa a Otto Pérez?
La fiscalía acusa a Pérez Molina de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El cohecho sanciona al funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o acepte sobornos. La aceptación puede ser directa o indirecta y no solo es dinero sino cualquier dádiva, promesa o beneficio a cambio de que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.
Los cargos fueron formulados luego de que el 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo adscrito a la ONU, anunciaran la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que habían recibido sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada "La Línea" por ser una especie de "alternativa" para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti.
@luisguillermosr espero que los acontecimientos en Guatemala fortalezcan la democracia en ese país @nacion pic.twitter.com/BTxRHT5PzyLa comisión informó que cuenta con escuchas telefónicas entre las cuales, dijo, hay una donde se oye a Pérez Molina hablar con Carlos Muñoz, Superintendente de Administración Tributaria, en la que le ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.— Manuel Avendaño (@Avendano_cr) September 3, 2015
Por ley, esa superintendencia es un ente autónomo y sin injerencia del Ejecutivo. Según la Fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.
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Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
En el caso de "La Línea" hay al menos 100 personas sometidas a investigación. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar al cargo y está presa acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
La Corte ordenó que el expediente fuera enviado a un juzgado de instancia pero la fiscal general solicitó que el caso lo llevara el juez Miguel Ángel Gálvez, que conoce la investigación contra los otros procesados y quien le dictó a Pérez Molina la prohibición de salida del país.
