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La justicia peruana ordenó este jueves la captura y prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, a quien se le acusa de recibir $20 millones de la constructora Odebrecht para favorecerla con una obra durante su gobierno.
"Se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por un plazo de 18 meses. Como se encuentra en libertad se cursa los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura y reclusión", dijo el juez del caso Richard Concepción, quien dispuso una orden de captura nacional e internacional contra el exmandatario.
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El plazo de detención se contabilizará desde el momento en que Toledo sea detenido. Hasta hace unos días se encontraba en París y, aunque sigue en el extranjero, su paradero exacto es desconocido.
Su abogado Heriberto Benítez anunció que apelará la decisión judicial. Él había pedido que se le otorgue solo orden de comparecencia durante la investigación, pues considera que detenerlo sin una sentencia de fondo es una vulneración de sus derechos.
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Toledo es acusado por el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, de haber recibido $20 millones para ayudarles a ganar la concesión de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
En una entrevista televisiva Toledo había negado los cargos, pero para el juez hay claros elementos presentado por la Fiscalía que le hacen presumir lo contrario.
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En concreto, "Toledo vendió la carretera interoceánica por pagos de Odebrecht", dijo el juez Concepción, de la Sala Penal Nacional y aseguró que la medida de detención valora el peligro de fuga del acusado.
Para el magistrado, "existe un alto grado de probabilidad de que en la interoceánica se hayan presentado irregularidades con la intervención de Toledo y haya recibido pagos". Explicó que mediante decretos supremos, el expresidente permitió que Odebrecht se salte procesos y se adjudique la obra.
Concepción detalló que para ordenar la detención de Toledo "no se exige certeza, sino la existencia de un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputan".
El pedido de detención preventiva había sido planteado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien considera que Toledo incurrió en tráfico de influencias y lavado de activos.
Este proceso judicial responde sólo a una investigación preparatoria, que servirá para luego analizar los delitos de fondo en un juicio.
