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Rosa Townsend
El País
Miami. Ejércitos privados de alquiler están suplantando a las fuerzas armadas regulares en conflictos alrededor del mundo. Iraq es solo un ejemplo entre más de 50 países.
La proliferación en la última década de cientos de corporaciones mercenarias ha creado un poderoso mercado bélico global con capacidad para alterar el balance de poder entre las esferas pública y privada, civil y militar, nacional e internacional.
Las eufemísticamente llamadas “empresas de servicios militares” (PMF, por sus siglas en inglés) pueden mantener secretas sus actividades y clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de ser ejércitos sin fronteras. El poder que se deriva de ese protagonismo es tan enorme como sus ganancias: generan cerca de $150.000 millones anualmente. Y esa es una cifra previa a la guerra de Iraq.
Su éxito depende de la demanda; es decir, de la erupción de nuevos focos de violencia y de que sigan los que existen. “Tienen incentivos para prolongar sus contratos”, opinó Peter Singer, autor del libro Corporate Warriors ( Guerreros corporativos ) y analista de Brookings Institution.
Múltiples fuentes
También prosperan fomentando misiones de pacificación, antidroga u otro tipo de servicios militares y de seguridad.
Prestan servicios tales como mantenimiento de sistemas de defensa o de modernización de ejércitos en los cinco continentes, y otros de protección de minas de diamantes y pozos petroleros cuyo control detonó las guerras de Sierra Leona y Angola.
Las PMF se encargan esencialmente de lo que los Estados ricos no quieren hacer o los pobres no pueden hacer. Permite a los ricos reducir sus presupuestos de defensa concentrándose en guerras prioritarias para su seguridad y subcontratando el resto; y hace asequible a los pobres un nivel de poderío militar del que carecen.
“La realidad es que Occidente ya no quiere comprometer sus ejércitos en zonas como África y de la única manera que los países pueden adquirir capacidad militar para poner fin a sus guerras es contratar los servicios”, explica Doug Brook, presidente de Asociación de Operaciones Internacionales de Paz, una organización formada por varias PMF que promueve misiones de pacificación.
El problema es que los Estados no son los únicos clientes, la lista abarca todo el espectro moral: desde dictadores, movimientos rebeldes o carteles de droga a gobiernos legítimos, empresas y organismos multinacionales e incluso ONG, de acuerdo con Singer.
No hay nada que indique que EE. UU., con su larga tradición de operaciones encubiertas, no haya privatizado parte de ellas. Especialmente la guerra global contra el terrorismo provee un campo abierto para este tipo de servicios. De hecho el Pentágono admite subcontratar ciertos interrogatorios a los detenidos. Un macabro caso ha salido a la luz en Iraq con los abusos de reclusos en la cárcel de Abu Ghraib, en los que algunos de los participantes eran interrogadores civiles. Estos, a diferencia de los soldados implicados, no han sido despedidos por sus empresas ni han sido objeto de la ira social por las torturas.
La posibilidad de negar la existencia de las operaciones clandestinas forja cierta complicidad entre los gobiernos y las empresas.
Accidentes e impunidad
Otros trabajos encargados secretamente a PMF salieron a la luz por accidente y Washington se vio obligado a dar la cara. En Colombia, la empresa de Florida Airscan coordinó las explosiones de un pueblo de Colombia en el que murieron 18 civiles. Y en Perú, una empresa contratada por la CIA, Aviation Development Corporation, derribó por error un avión ocupado por misioneros.
EE. UU. es, junto al Reino Unido y Sudáfrica, el epicentro de la industria privada militar, que debe su prosperidad al Nuevo Orden Mundial proclamado triunfalmente por George Bush padre tras el desplome de la Unión Soviética.
Del hipermilitarismo de la Guerra Fría se pasó a la desmantelación de gran parte de los aparatos militares, pero el peligro de enfrentamientos no desapareció. Se transformó en violencia étnicoreligiosa en regiones que habían salido del radar de los gobiernos al no representar más un interés estratégico o una amenaza.
El resultado fue un creciente vacío en la seguridad internacional, empeorado por el resurgimiento de terroristas, mafias y otras fuerzas desestabilizadoras, que la nueva casta de firmas mercenarias vio la oportunidad de llenar. Y empezaron a reclutar soldados y agentes de fuerzas especiales entre los millones que se habían quedado desempleados al reducirse los ejércitos, así como exespías. Son de diferentes nacionalidades, desde gurkhas de Nepal o soldados de Fiji, a boinas verdes americanos, o exagentes de la KGB. Tienen en común la lealtad al dinero como única patria.
En paralelo al proceso de formación de las corporaciones mercenarias, en EE. UU. se gestaba otro de privatización del ‘aparato’ militar, impulsado por el entonces ministro de defensa y actual vicepresidente, Dick Cheney.
El bazar iraquí
El plan original de Cheney se ha ejecutado. El ejército de EE. UU. se ha reducido de 2,1 millones a 1,4 millones, y cientos de miles de esos puestos han pasado a manos privadas. De acuerdo con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado $300.000 millones en 3.016 contratos de servicios militares que han ido a parar a solo 12 empresas entre 1994 y el 2002. La cifra excluye las contratas de armamento.
Iraq es la consumación de ese largo proceso. Se ha convertido en el ‘gran bazar’ de los ejércitos privados, y Halliburton y sus subsidiarias en las empresas más favorecidas.
Desempeñan en teoría todas las funciones militares menos las de combate propiamente dicho, aunque una vez sobre el terreno de batalla la frontera entre sus funciones y las de los soldados regulares se vuelve más difusa.
La diferencia clara entre los 135.000 soldados estadounidenses en Iraq y los más de 20.000 paramilitares es que estos no responden a la cadena de mando del ejército de EE. UU. y pueden abandonar el puesto sin temor a un consejo de guerra. Si desertan, a lo sumo pierden el suculento salario de entre $500 y $2.000 diarios.
Tampoco tienen en general que temer a la justicia civil. Una de las mayores ‘proveedoras’ del Pentágono, DynCorp, está implicada en delitos sexuales en Bosnia por los que nunca fue procesada, a pesar de que había videos que lo probaban. DynCorp tiene actualmente contratas de $1.000 millones para entrenar a la policía de Iraq y proteger al presidente afgano Hamid Karzai.
