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Si los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) quiere revisar el expediente de la contratación del nuevo puente sobre el río Virilla en la ruta 32 deberán trasladarse a las instalaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), en Pavas.
Además, deberán revisar los documentos bajo la vigilancia de representantes de ese organismo y en horario restringido.
UNOPS fue contratado por el Poder Ejecutivo para acelerar varias obras viales, entre ellas el llamado puente del Saprissa. Su trabajo consiste en contratar los estudios, los diseños y la construcción de la infraestructura a cambio de un porcentaje del costo total.
Según el organismo, no proporcionan copia íntegra del expediente al ente contralor porque contiene información "confidencial", como las ofertas de las empresas que estaban interesadas, informes de evaluación de las propuestas, minutas de las reuniones, registro de las aclaraciones y protestas presentadas por las constructoras interesadas.
Esa es la justificación a pesar de que el proyecto se financia con fondos públicos, provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Todas las condiciones para acceder al contrato constan en un oficio enviado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y UNOPS a la Contraloría, el 27 de julio.
El documento, del cual La Nación tiene copia, es firmado por Alejandro Rossi, director de UNOPS en Costa Rica, y por Carlos Solís Murillo, director interino del Conavi.
No obstante, en esa nota, el Conavi le hace ver al ente contralor que ellos también han pedido a UNOPS el expediente completo y se los han negado.
Se amparan en que gozan de privilegios e imnunidades dadas por los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual el país es firmante, y por eso no suministrará la información solicitada.
Dicho instrumento establece que las instalaciones de cualquier ente perteneciente a las Naciones Unidas son inviolables, sus bienes o activos no pueden ser sometidos a allanamientos o “cualquier otro forma de injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.
También tienen derecho de declarar sus archivos confidenciales o inviolables y sus funcionarios gozarán de inmunidad "contra todo proceso judicial" relacionado a sus obligaciones oficiales en el país.
¿Por qué se necesita el expediente?
La obtención del expediente es clave para que la Contraloría revise la legalidad de la contratación del puente, la razonabilidad del precio de la obra, los cronogramas de trabajo, experiencia de los profesionales involucrados y otros detalles. También es imprescindible para resolver las apelaciones presentadas por las constructoras que presentaron ofertas.
"Aquí no se deben confundir expediente y documentos confidenciales. Los documentos non-confidenciales del expediente están disponibles en las oficinas del Conavi y esta institución tiene los derechos de compartir estos documentos con la CGR. Los documentos confidenciales deben quedarse bajo el control y la supervisión de la UNOPS", declaró el organismo por medio de su encargada de prensa, Nuria Gamboa.
La nueva estructura en la ruta 32 costaría más de $17 millones. El inicio de esta construcción estaba previsto para marzo de 2016. Sin embargo, el organismo de la ONU no ha podido cumplir con las metas propuestas.
Incluso, las constantes postergaciones de la obra obligaron a UNOPS a pedir perdón en enero anterior.
La agencia de la ONU también ha sido incapaz de iniciar la construcción de tres pasos a desnivel en las rotondas de la vía de Circunvalación.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, calificó de "inaceptables" las condiciones impuestas por UNOPS para revisar el expediente.
"Esto es una bofetada a la institucionalidad democrática costarricense, es absolutamente inaceptable y nos da, a quienes hemos insistido en que UNOPS no debe ser administrador de proyectos, razones muy contundentes para sacar a UNOPS de Costa Rica. Claramente, UNOPS mintió cuando fue a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y señalaron que ellos se manejaban con mucha transparencia y que la información de sus proyectos podía ser accesible para todos", comentó el legislador.
"Me parece que esto es razón para romper completamente con UNOPS, Costa Rica ha sido un país que promueve la transparencia y los procesos con UNOPS caminan completamente en la dirección contraria y me resisto a que se gaste la plata de los costarricenses si garantía de transparencia", añadió, por su parte, Mario Redondo, congresista del Partido Alianza Demócrata Cristiana.
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Para Redondo, al no entregar el expediente de la contratación completo UNOPS levanta sospechas y se presta "para ocultar despilfarros, malos procedimientos y hasta circunstancias que rozan con la corrupción".
Para la construcción de los nuevos pasos sobre el río Virilla en la ruta 32 y Lindora, Santa Ana, el país reservó $22 millones para contratar la obra y más de $1,8 millones de UNOPS para cancelar costos directos e indirectos por gestionar las construcciones.
Sergio Mazzucchelli, exgerente de UNOPS en Costa Rica, admitió, en enero anterior, que los $22 millones serían insuficientes para los dos puentes, pues, por los atrasos se habían encarecido.
Solo la nueva estructura sobre el río Virilla en Lindora costará $8,5 millones y el de la ruta 32 más de $17 millones.
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Según cifras de UNOPS, hasta noviembre del año anterior habían firmado contratos con el Estado por $134 millones para construcción de puentes, pasos a desnivel, consultorías en distintas áreas y programas de alcantarillado, entre otros.
Llevan discusión a la Sala IV
La negativa de UNOPS de otorgar una copia completa del expediente de contratación del nuevo puente sobre el río Virilla en la ruta 32 obligó al bufete de abogados Licitex, representantes legales de la constructora FCC, a presentar un recurso de amparo contra la Contraloría General de la República (CGR) para obtener la información.
De acuerdo con Licitex, la Contraloría está en la obligación de exigir el expediente y entregarlo a las compañías que presentaron ofertas para la obra.
El recurso de amparo fue presentado por la abogada Hilda Porras Alvarado el 21 de julio.
En el documento, Licitex expresa que pidieron el expediente a la CGR el 20 de julio, pero les contestaron que tenían solo una parte y desconocían si el contenido era confidencial o no.
Ese mismo día, los representantes de la constructora levantaron un acta haciendo constar que no les dieron los documentos relacionados a la contratación y que tampoco existe una declaratoria de confidencialidad ligada a este proyecto.
Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR, respondió a los magistrados, el 3 de agosto, que los hechos expuestos por Licitex en el recurso de amparo son "imprecisos e incorrectos".
El argumento del ente contralor es que no pueden proporcionar una reproducción del expediente porque ni ellos tienen una.
"Este órgano contralor se encuentra imposibilitado para traer el expediente administrativo, en razón de que la propia UNOPS lo niega", expuso la Ugalde en el escrito enviado a la Sala Constitucional.
La Contraloría también pide a los magistrados que por favor le consulte sobre este tema al Conavi y a UNOPS.
Para la contratación del puente sobre el río Virilla en Lindora, en Santa Ana, UNOPS sí liberó el expediente completo a la Contraloría, al Conavi y a los oferentes.
Este diario intentó consultar sobre este tema a Oldemar Sagot, director de la unidad ejecutora del Consejo a cargo del proyecto, pero no contestó las llamadas ni los mensajes enviados a su celular.
También se enviaron consultas por medio de la oficina de prensa del Conavi desde el 9 de agosto, pero al cierre de esta edición no habían contestado.
Roces
El 1.° de junio, Marta Acosta, contralora general de la República, le advirtió a UNOPS que sus prerrogativas asociadas a la ONU no le exoneraban de someterse a los controles establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, pues, manejan fondos públicos.
La prevención consta en un documento enviadoa Jean Francois Laurent, director interino de UNOPS en Costa Rica.
En la nota, la jerarca enfatiza en que la Contraloría tiene la potestad de ajustar los carteles de licitación, corregir la adjudicación de contratos en caso de ser necesario o auditar el uso de fondos públicos asignados a UNOPS para su ejecución.
"Este órgano contralor no encuentra obstáculo para que sujetos de derecho internacional público apliquen sus normas propias de adquisiciones (...) Sin perder de vista que se trata de fondos públicos que son transferidos para la administración y realización de proyectos, lo que obliga a respetar los principios constitucionales de la contratación administrativa", afirmó Acosta por escrito.
La funcionaria reiteró que la agencia de la ONU debe someterse a mecanismo de fiscalización que permitan verificar el cumplimiento de metas y objetivos.
