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El sindicalista Albino Vargas Barrantes llegó, este martes, a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa a atacar lo máximo posible el proyecto de ley que limitaría los beneficios adicionales a los salarios públicos.
El sindicalista aseguró que la discusión pública sobre la iniciativa ha promovido la violencia contra los empleados públicos, desde una "matriz político ideológica mediática". Alegó que se les ha "estigmatizado, insultado, vilipendiado, ofendido" y que empleados de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han solicitado a sus superiores salir a trabajar sin los signos externos de sus instituciones.
"El nivel de violencia contra el empleado público no tiene parangón, hemos recibido incluso insinuaciones de desaparición física por la defensa que hacemos del empleo público", mencionó Vargas, ante un foro integrado por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), de Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
"Ocurrió una generalización perversa. (...) Fuimos presentados casi como elementos de la Cosa Nostra (mafia italiana)", añadía Albino Vargas, mientras con insistencia lanzaba miradas hacia sus interlocutores políticos, a quienes les dijo que la discusión del plan sobre empleo público se da ahora como "chantaje político" y no como una posibilidad de reducción del déficit fiscal del Gobierno central.
Vargas se dijo representante del colectivo sindical Patria Justa y, a nombre de este conglomerado de gremios, aseguró que abogan por el entierro del expediente legislativo 19.506, de manera radical.
"No queremos entrar en los aspectos fiscales que se han dicho sobre este proyecto, porque no lo puedo decir mejor que la Contraloría General de la República ni el Gobierno", aseguró.
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El sindicalista insinuó que la iniciativa tiene entre sus objetivos la desestabilización de los sindicatos como negociadores de las convenciones colectivas y que no es viable hablar de ese tema, "luego de tanta contaminación con el tema fiscal".
Reiteró Vargas que, desde la calle, los conglomerados sindicales intentarán lograr la desconvocatoria del proyecto de ley de la agenda de las sesiones extraordinarias, que entre diciembre y abril controla el Poder Ejecutivo.
Aunque la iniciativa lo que plantea es una regulación de seis pluses salariales y una forma de reglamentar la negociación de convenciones colectivas, Albino Vargas aseguró que el proyecto abre la posibilidad de quitar estos convenios laborales entre patronos y empleados.
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"No es cierto que se ocupe quitar las convenciones colectivas para bajar el déficit fiscal del Gobierno", dijo y se mantuvo en su discurso contra la discusión de las remuneraciones adicionales al salario público.
Aunque el principal ahorro que la Contraloría ve en la iniciativa está en las instituciones del sector descentralizado, donde se podría dar una economía de hasta ¢270.000 millones, Vargas aseguró que con la iniciativa se afecta el nivel salarial de "sectores de empleados públicos precarizados, que atienden a comunidades altamente vulnerables".
Enfrentamiento con Piszk. Quien principalmente confrontó a Vargas fue la liberacionista Sandra Piszk, proponente del expediente 19.506, quien le refutó que se intente reducir las potestades sindicales de negociación de las convenciones colectivas, pues ya se modificó la redacción original del proyecto.
Piszk también negó que el plan recaiga sobre las remuneraciones de los sectores con menores ingresos, pues dijo que el peso estaría en el sector descentralizado, donde se gana más que en los ministerios del Gobierno central.
Albino Vargas, por ejemplo, evitó específicamente referirse a las anualidades, que en la iniciativa hasta se incrementarían para los empleados del Gobierno central, cuyo máxima tasa en la actualidad es de un 1,94% y en el proyecto llegaría a un 2,5% para los excelentes.
"Es muy satisfactorio que los sindicatos acepten discutir estos temas de forma civilizada. Quiero señalar que el 19.506 no es antisindicalista, creemos en las bondades de las convenciones colectivas, pero deben negociarse con flexibilidad y atendiendo las condiciones económicas y sociales del país", dijo Piszk unos minutos más tarde, en el plenario.
La legisladora añadió, además, que la tendencia de que todo el mundo vea mal a los sindicatos -y también a los políticos, dijo- no es culpa del proyecto de empleo público, sino un comportamiento mundial.
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El frenteamplista Carlos Hernández le dijo a Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que es una lástima que muchos de los sindicatos se hayan mostrado "blandengues" en la lucha contra el plan de empleo público.
Ante ello, el sindicalista reiteró que se organiza una gran manifestación en las calles para los próximos días, para exigirle a la Presidencia de la República la desconvocatoria del expediente legislativo.
