El 40% de los acueductos comunales (alrededor de 600) brinda el servicio de agua potable ilegalmente, pues sus administradores no han firmado el convenio de delegación con AyA.
Carlos Herrera, intendente de Aguas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), explicó que ese es un efecto del desorden en el sector, así como de la falta de consenso entre el Gobierno y esos comités (Asadas).
Para operar, las Asadas deben firmar ese acuerdo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y contar con una concesión por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“El problema es que no se puede dejar a la gente sin agua; si se cierra la Asada, el AyA tendría que asumir el servicio, pero dice no estar en capacidad de hacerlo. Por eso, busca cómo ponerlas a derecho, pero permitiendo que sigan operando para no afectar a los usuarios”, expresó Herrera.
Yamileth Astorga, presidenta del AyA, no se atrevió a confirmar el porcentaje de Asadas que opera sin aval, pues la entidad ha topado con varias comunidades pequeñas, con acueducto, que ni siquiera son comité.
“Un tema es que estén a derecho; el otro, que a veces es hasta más importante, es que lo hagan bien, que administren bien el agua, que tengan una buena toma, buena distribución, micromedición...”, dijo Astorga.
¿Por qué están disconformes? Según Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (Unaguas), del cantón de Grecia, el sector nunca ha aprobado el reglamento de Asadas (vigente desde el 2005), pues es abusivo, los limita, controla y los “trata” como entes públicos.
Eso los lleva a discrepar del convenio de delegación, el cual, según Marín, está condicionado a la firma del reglamento y no fue un acuerdo entre partes, sino que lo elaboró el AyA.
Marín criticó que Acueductos los tiene abandonados, pese a los pocos y aislados intentos por capacitarlos y fortalecerlos. Declaró que solo el 10% del total de Asadas funciona adecuadamente; el resto trabaja de manera precaria y rudimentaria. La urgencia de apoyo técnico es crucial, en criterio suyo y de Hazel Navarro, administradora de la Asada de Matapalo, en Guanacaste. Según ella, muchos de quienes laboran ahí carecen de escolaridad y conocimientos en fontanería o administración.
Astorga declaró que están en proceso de construir la Política de Fortalecimiento de Asadas, lo que incluye la revisión del reglamento y del convenio. Su intención –dijo– es hacer que todas la rubriquen.