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Luego de sostener intensas conversaciones con el Gobierno, la junta directiva de la Aresep emitió, a las 11:30 p. m. del domingo pasado, una resolución que permite utilizar el superávit de Japdeva para pagar ¢470 millones a los muelleros de Limón.
Esta resolución contradice el criterio sostenido por la Aresep durante los últimos tres años, el cual impidió usar los ingresos tarifarios de los puertos del Caribe para cubrir beneficios laborales que la Autoridad Reguladora aún hoy califica como excesivos.
Dentro de estos beneficios figuran el pago de horas extra no laboradas y la distribución de 150 días libres, con goce de salario, entre todos los dirigentes sindicales de la Junta de Administración y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
También se incluye un giro anual de ¢5 millones para el centro recreativo de los empleados de la institución.
La resolución que permite pagar estos beneficios fue aprobada en forma unánime por la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en una sesión extraordinaria realizada en la casa de Fernando Herrero, regulador general.
En la reunión participaron los directivos Jorge Cornick Montero, Adolfo Rodríguez Herrera y Marta María Vinocour. También asistió como invitado Marco Vargas, ministro de Coordinación Institucional, quien expuso la situación de Japdeva.
La decisión se tomó seis horas antes de que el sindicato de Japdeva empezara a aplicar tortuguismo en los muelles de Limón.
El acuerdo no consiguió que Sintrajap suspendiera las medidas . Sus dirigentes anunciaron que el dinero había quedado en un segundo plano y que ahora su prioridad es exigir al Gobierno un compromiso escrito de que no concesionará los puertos.
¿Lo autorizó o no? El Gobierno y la Aresep anunciaron ayer de manera distinta el acuerdo del domingo.
A las 11 a. m., el ministro Vargas anunció que el regulador general le había comunicado su anuencia para que el pago a los muelleros de Limón se pudiera efectuar a través del superávit de la institución.
El superávit acumulado por la junta es de ¢10.000 millones y proviene de los ingresos tarifarios de los puertos. “Esto es un único pago que autoriza la Autoridad Reguladora y así lo ha dicho el regulador general”, aseveró Vargas.
Luego, alrededor de la 1 p. m., el regulador Fernando Herrero aseguró a La Nación que la Aresep no había autorizado el pago, sino que no se opondrá a este.
“La palabra correcta no es la anuencia, usted puede decir la ‘no objeción’. Lo que decimos es que no es un asunto en el que nos debamos meter, pues la Aresep no debe coadministrar a las instituciones”, dijo el regulador.
En el 2003, la entonces reguladora Aracelly Pacheco impidió pagar dichos beneficios al estimar que se debía suprimir los gastos excesivos del reconocimiento tarifario.
La Ley de la Aresep obliga a contemplar en las fijaciones tarifarias “únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución económica competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad”.
Pero la nueva resolución emitida por la Aresep dice: “Los excedentes normales que generen las entidades estatales que operan servicios públicos pueden usarse únicamente en proyectos de inversión o en otras funciones que sus leyes constitutivas les señalen”.
El Gobierno anunció el pago a los muelleros sustentado en este criterio y en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que establece que la convención colectiva de Japdeva (donde se incluyen los citados beneficios laborales) tiene rango de ley.
¿Contradicción? El regulador general afirmó ayer que si a una institución le sobra dinero, esta puede decidir qué hacer con él sin que la Aresep intervenga.
Sin embargo, el pasado viernes Herrero había dicho sobre este tema: “Uno no debe utilizar los recursos de tarifas para financiar gastos excesivamente caros”.
Por otra parte, tanto Vargas como Herrero manifestaron que estos beneficios solo se podrán pagar una vez pues en el futuro la Aresep eliminará cualquier superávit obligando a Japdeva a hacer inversiones o reduciendo sus tarifas.
Walter Robinson, presidente de Japdeva, aseguró que la entidad cambiará la convención colectiva de manera que, en adelante, los beneficios se paguen de acuerdo con la productividad.
El año pasado, el entonces presidente Abel Pacheco pagó ¢400 millones a los muelleros con dinero del impuesto al banano y mediante una cuenta bancaria de la Iglesia Católica.
