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Siquirres, Limón. La Radio Comunal Cristiana y Cultural de Siquirres quedó fuera del aire el 14 de este mes, después de que la Oficina de Control de Radio del Ministerio de Seguridad Pública la cerró pues carecía de los permisos para operar.
La medida se adoptó luego de que la Cámara Nacional de Radio (Canara) denunció que la estación no contaba con los derechos de concesión de frecuencia ni patente de la Municipalidad.
La emisora transmitía a través de la frecuencia 104.9 FM.
Canara presentó una queja ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el gobierno local por no hacer cumplir la ley y permitir las transmisiones.
Juan Sepúlveda, director de Canara, dijo que la acción se interpuso tras constatar que la Municipalidad había emitido una carta, en papel membretado oficial, en la cual apoyaba la radio.
Añadió que así como el municipio puede impedir que funcione cualquier establecimiento por la falta de permisos, también debía hacerlo en este caso.
Además, desde hace cuatro meses Control de Radio había ordenado que la emisora saliera del aire, decisión que no hicieron cumplir las autoridades locales.
Ante la queja de Canara y una llamada de atención del TSE sobre el caso, la secretaría del Concejo informó de que dispuso exigir a la estación la documentación que requiere para operar.
Moisés Espinoza, fundador y locutor de Radio Comunal Cristiana y Cultural, adujo que el apoyo de 5.000 vecinos (en una carta) y el de fuerzas comunales demuestran la necesidad de que Siquirres cuente con tal medio de comunicación.
Al margen de la ley. Esa situación no es única en el país. Dos emisoras más transmiten forma ilegal.
Una de ellas se encuentra en el cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste; otra, en la comunidad de Cariari, Pococí (Limón).
La radiodifusora siquirreña utilizaba una frecuencia intermedia, entre las radios Bomba y Omega.
Espinoza reconoció que sus trasmisiones eran ilegales por no contar con el permiso de Control de Radio, pero aseguró que en cuanto a la patente no la necesitaba, ya que la estación no tenía carácter comercial.
Espinoza alegó que un cambio en el reglamento de la Ley de radio establece el principio general de que las emisoras deben cubrir el área a la cual se les asignó la concesión. Y en el caso de 104.9 no lo cumplía, por lo cual podía hacer uso de la frecuencia, afirmó.
Pero, según Canara, esa modificación dará plazo hasta el segundo semestre del 2007 para atender aquella obligación. Si un concesionario incumple, las frecuencias que queden disponibles podrán ser asignadas a lugares como Siquirres, donde la cobertura es baja.
Juan Sepúlveda fue enfático en afirmar que toda explotación debe hacerse al amparo de la la ley y a su debido tiempo, y que mientras tanto es obligación de las autoridades detener cualquier trasmisión ilegal.
