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El Gobierno invierte ¢150.000 millones anuales en programas sociales para atender, entre otros, a familias sin casa, a indigentes y a personas con discapacidad.
Sin embargo, el reparto discrimina a los indígenas y a los niños menores de 7 años.
De esa enorme cantidad de millones para bonos de vivienda, becas, pensiones y subsidios, los indígenas apenas reciben ¢390 millones, menos del 0,3% de la inver-sión social del país.
Esa exigua inversión no es proporcional al peso de dicho grupo, que representa el 1,7% (68.000 personas) de los 4 millones de costarricenses.
La cifras demuestran por qué los indígenas reclaman más dinero para escuelas, carreteras, centros de salud y acceso a electricidad y telefonía.
Lo mismo ocurre con los niños menores de 7 años, a quienes apenas se dedican ¢413 millones anuales en subsidios para incorporarlos a guarderías, centros infantiles y hogares escuela.
El monto también es menor que el 0,3% del dinero destinado cada año a programas de asistencia y promoción social.
La escasez de alternativas para los más pequeños también restringe las posibilidades de que las madres jefas de hogar puedan buscar un empleo formal pues no tienen dónde dejar a sus hijos.
Incluso, la viceministra de Vivienda y Desarrollo Social, Ana Isabel García, reconoce que el país “no cuenta con una oferta programática y estructurada para los niños de cero a dos años”.
Esos vacíos fueron detectados en un reciente informe de la Contraloría de la República, ente que señala la urgencia de mejorar la distribución de los recursos, atender a estas poblaciones prioritarias y eliminar programas duplicados.
Un ejemplo adicional: la Contraloría califica de “marginal” el 2% (¢3.000 millones anuales) que dedican a pequeños productores y desempleados, pues el fomento de la producción y el empleo son indispensables para la superación de la pobreza.
Mal repartido. Los ¢150.000 millones que reparte el Gobierno provienen de impuestos a bebidas gaseosas, licores y cigarrillos, planillas, renta, ventas y utilidades de las tiendas libres en el aeropuerto Juan Santamaría.
No obstante, ese monto apenas representa el 41% del dinero que en realidad debería recaudarse y distribuirse (¢365.000 millones).
El incumplimiento en el giro de los recursos establecidos por ley radica en la incapacidad para recaudar impuestos y en la retención de otras transferencias por parte de Hacienda.
A ese problema debe sumarse que existen programas duplicados en diferentes instituciones y que atienden a la misma población.
Así, por ejemplo, los discapacitados recibieron casi ¢2.000 millones el año pasado, provenientes de cuatro instituciones que brindan subsidios monetarios.
Lo mismo ocurrió con ¢7.545 millones para becas estudiantiles que se distribuyeron en el 2005 entre la misma población de niños y adolescentes.
Los responsables son el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Fondo Nacional de Becas.
La Contraloría estima que estos problemas son derivados de la “ausencia de una Autoridad Social permanente, con funciones de dirección, priorización y articulación de la política social”.
La viceministra García no considera negativo que algunos programas se entrelacen para atender a la misma población.
Sin embargo, García aseguró que el Gobierno trabaja en un sistema de información de los programas sociales para evitar las duplicaciones.
García agregó que ese sistema permitirá al Estado llevar un registro único de beneficiarios que permitirá mejorar la distribución de los recursos.
