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El Banco de Costa Rica (BCR) se retirará de la ampliación de la vía a San Ramón si el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no acepta varias modificaciones al contrato de fideicomiso que le permitan asumir el control absoluto del proyecto de la nueva carretera de 60 km.
La entidad bancaria le ganó, en febrero del 2016, un pulso a Bancrédito para administrar el fideicomiso que financiará la vía, la cual contará con tres y cuatro carriles, en cada sentido, según el tramo. El BCR recibiría hasta $75.000 al mes por la administración.
En el último año, Roy Benanburg, gerente de fideicomisos del BCR, se dedicó a redactar, junto al Conavi, un contrato para la ejecución de la obra, el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República (CGR) el 27 de enero, luego de un largo proceso de consultas y aclaraciones.
Sin embargo, en febrero, el BCR envió un documento de 18 páginas en el que piden modificar varios aspectos del convenio.
Mario Barrenechea, gerente general del BCR, dijo que al conocer que el cronograma de trabajo era de siete años, decidieron gestionar las variaciones.
Los principales cambios de la adenda, de la cual La Nación tiene copia, proponen que el BCR tenga la potestad de nombrar los miembros de la unidad ejecutora sin que el Conavi deba avalar los nombramientos; también quiere gozar de autonomía para tomar decisiones sobre la estructuración financiera, la licitación y la contratación de la constructora.
Además, el Banco pretende que el proyecto sea bajo la modalidad "llave en mano", es decir, donde se hace responsable de entregar la obra completamente terminada, lista para entrar en funcionamiento. En este caso, el Conavi no tendría injerencia en el proceso.
Si la adenda no es aprobada por el Consejo Nacional de Vialidad, el BCR buscará una forma de rescindir el contrato o trasladarlo a otro banco interesado, según Barrenechea.
"No es una amenza, no es una amenaza, es una realidad. Nosotros no queremos construir en siete o diez años, queremos construir en unos tres años (...) No nos vamos a exponer a un fracaso, entendiendo por fracaso tener que tomar siete o diez años para construir 60 kilómetros", dijo Barrenechea.
La idea del gerente es aumentar las responsabilidades y riesgos del Banco para así poder agilizar la ejecución de la obra.
"Quereremos asignar más responsabilidades y, por lo tanto, más riesgos al fiduciario (BCR) y menos al fideicomitente (MOPT-Conavi) porque siempre es una fuente de atrasos asignarle responsabilidades al fideicomitente, hay que estar pidiendo aprobaciones para todo y en el sector público la aprobación de una cosa no es cuestión de 24 horas", agregó el banquero.
De acuerdo con el contrato original, el Conavi debe dar aval a la conformación de la unidad ejecutora del proyecto, a la contratación del anteproyecto, a los diseños y a la construcción.
¿Por qué el BCR pidió la adenda después de que la Contraloría diera el refrendo? "Creo que sí se vio a tiempo porque se vio inmediatamente después de conocer el cronograma (...) El cambio de modelo y adecuar el contrato a un nuevo modelo no estuvo listo hasta febrero, fue un proceso de trabajo que requiere mucho", dijo Barrenechea.
Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, manifestó que conocieron los planes del Banco en una reunión del 17 de febrero en su despacho. En la cita también participó German Valverde, director ejecutivo del Conavi.
En la actualidad, la propuesta está siendo estudiada por la Dirección Ejecutiva del Conavi para obtener un criterio técnico y jurídico.
Una de las discusiones es si las modificaciones deben ser revisadas por la CGR. El BCR sostiene que los cambios no deben ser sometidos al visto bueno de la CGR.
La oficina de prensa de la Contraloría comunicó, por medio de un correo electrónico, que los nuevos términos no tendrían que ser revisados "salvo que una ley lo disponga".
El jerarca del MOPT prefirió no valorar un escenario en el que el BCR se retira de la ampliación de la carretera.
"La propuesta de modificación procura agilizar los plazos para iniciar la ejecución de las obras. El BCR es un aliado del Conavi y no veo posibilidades de rescisión del contrato", comentó Villalta.
Este diario envió varias consultas sobre este tema a Valverde, vía correo electrónico, pero no respondió. También se enviaron mensajes a su teléfono celular, pero tampoco respondió.
Tropiezos
En abril de 2013, el gobierno de Laura Chinchilla canceló el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS para la ampliación de la vía a San Ramón.
El acuerdo, por $524 millones, fue frenado por la presión de los vecinos de Occidente que se oponían a posibles tarifas de peaje anunciadas, pues, las consideraban altas.
En octubre del año anterior, Giselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, expresó que haber cancelado la concesión y apostar por el fideicomiso fue un error.
“Esta es una apreciación muy personal, pero yo creo que sí (fue un error), aunque somos un país complejo, no hay contrato que no se pueda ajustar (...). El tiempo que tardamos en la formalidad de cualquier sistema, sea un fideicomiso, un préstamo o una concesión, es tiempo valiosísimo y fue tiempo que se perdió”, aseveró Alfaro en esa oportunidad.
Para finiquitar el acuerdo con los brasileños, el Estado costarricense tuvo que pagarles una indemnización de $35 millones, la cual se canceló en dos tractos.
Por la vía a San Ramón transitan, en promedio, 84.000 vehículos diarios.
Sobre el nuevo costo de la ruta, el Banco de Costa Rica ni el Gobierno se atreven a dar un monto. Sin embargo, cuando los diputados discutieron el proyecto, hablaron de un monto cercano a los $473 millones.
