La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia una queja presentada contra Costa Rica por negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo.
El reclamo lo planteó en noviembre del 2012, el abogado y activista Yashín Castrillo, tras agotar las vías internas para optar por una unión de este tipo.
En una carta del 8 de julio del 2013, la CIDH informó a Castrillo de que estudiaría la admisibilidad de la petición, y que le daba al Estado costarricense plazo hasta setiembre para remitir su documentación y comentarios.
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“Cumplo con informar a usted, que mediante nota de la fecha, se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Costa Rica y se ha fijado un plazo de dos meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones”, dice el comunicado dirigido a Castrillo, con autorización del secretario ejecutivo de la Comisión.
“La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”, agrega la misiva.
Castrillo explicó que ayer se enteró de la carta al llamar a las oficinas de la CIDH, en Washington, luego de conocer la semana pasada que se aceptó la denuncia de dos chilenos por el mismo tema.
“Me extrañé al ver que se estudiaba el caso de los chilenos, que ingresó posteriormente. Cuando llamé para consultar, me enteré de esta comunicación oficial, que se había hecho desde el 8 de julio, pero que por alguna razón no me llegó”, expresó Castrillo.
“Me siento muy bien. Esto significa que el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, como siempre lo he dicho, va a ser resuelto, no internamente, sino por un tribunal internacional”, añadió.
Según Castrillo, en el país no ha existido voluntad política ni judicial para analizar el matrimonio homosexual.
Asimismo, comentó que, de acogerse el caso y, eventualmente, declararse con lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución sería vinculante para todos los países adheridos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República, representante del Estado, aseguró que la respuesta a la CIDH le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El canciller Enrique Castillo confirmó que fueron notificados.
“Está en estudio y, dentro del plazo concedido, vamos a dar una contestación. El país ha venido moviéndose en distintos campos y vamos entregar un informe sobre eso”, aseguró el diplomático.
Marcos Castillo, presidente del Movimiento Diversidad, comentó que la noticia lo alegra.
“Nosotros habíamos presentado una denuncia similar ante la CIDH, en junio del 2012. No tenemos noticia de qué paso con eso, pero nos alegra mucho que se tramitara esta, que atiende a lo mismo. Esperamos que el Gobierno tome acciones prontas”, dijo Castillo.
De acogerse el trámite, y remitirse a la Corte Interamericana, el país se expondría a otro juicio como el que perdió en diciembre anterior, por haber prohibido la fertilización in vitro en el 2000.
Castrillo presentó una solicitud de matrimonio ante el Juzgado de Familia de Desamparados en el 2011, el cual planteó una consulta a la Sala IV. La respuesta de ese tribunal fue negativa.
Posteriormente, el abogado acudió al Tribunal de Familia y luego a la Sala Segunda. En este último caso, el recurso de casación fue declarado inadmisible. Agotada la vía interna, Castrillo optó por el reclamo en la Comisión Interamericana.