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Una comisión especial dictaminó favorablemente una reforma constitucional que aumentaría el presupuesto para la educación en unos ¢200.000 millones adicionales en un plazo de cuatro años.
La propuesta incrementaría el aporte anual del Estado a ese sector de un 6% a un 8% del producto interno bruto (PIB).
El proyecto aprobado ayer establece ese incremento en dos tractos de 1%.
La comisión, que no puede modificar el proyecto de reforma constitucional, sugerirá al plenario que el aporte se gire en razón del 0,5% anual hasta completar el 2% adicional.
El acuerdo se tomó a petición del ministro de Educación, Leonardo Garnier, a fin de atenuar el impacto fiscal y para permitir al Ministerio de Educación Pública (MEP) una mejor preparación de los proyectos que se financiarán con los nuevos recursos.
El ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, condicionó el giro de los recursos a la aprobación de un grupo de proyectos tributarios que se encuentran en la corriente legislativa.
Zúñiga estimó que cada punto porcentual de aumento en el aporte a la educación representan unos ¢100.000 millones adicionales.
En vista de la sugerencia de la comisión al plenario, Hacienda tendría que girar ¢50.000 millones anuales durante cuatro años.
A partir del quinto año, el aporte del Estado a la educación será del 8% del PIB.
La comisión estudia dos expedientes más sobre el mismo tema.
Diputados del PLN, PAC y PUSC dijeron que rechazarán la propuesta para subir el aporte anual a educación del 6% al 10% del PIB .
Otra propone incrementar un 2% en razón de 1% anual, pero que los recursos se destinen a un fin específico: que el MEP los invierta en centros educativos de zonas rurales pobres. Esta iniciativa la impulsa la Unidad Social Cristiana.
Las reformas constitucionales requieren ser aprobadas en cinco debates, dos en una legislatura y tres en la siguiente.
Para su aprobación se necesitan 38 votos (mayoría calificada).
