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La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) no puede invertir el 54% de los recursos que genera al año para mejorar la infraestructura aeroportuaria, por los topes presupuestarios que le impone el Ministerio de Hacienda.
Hasta hoy acumula unos ¢25.200 millones sin asignación presupuestaria, que pasaron directamente a la caja única del Estado, en una cuenta específica de Aviación Civil.
Mientras tanto, para este 2006 Hacienda solo le autorizó ¢1.660 millones para unas cuantas obras en el aeropuerto Tobías de Bolaños de Pavas, el Daniel Oduber de Liberia y pequeños trabajos en los aeródromos de Nosara, en Guanacaste; Puerto Jiménez y Palmar Sur, en el pacífico sur.
Roy Solís, jefe financiero de Aviación Civil, explicó que este año la Dirección espera recaudar ¢17.522 millones a través de la operación de todos los aeropuertos y aeródromos estatales, en especial del Juan Santamaría.
Pero de ese gran total, Hacienda solo le permitirá gastar ¢5.893 millones (34%) para costear salarios y servicios básicos como agua, electricidad y teléfonos. Otro 12% (¢2.129 millones) es para gastos de capital como expropiaciones, equipos e infraestructura aeronáutica.
Los ¢9.500 millones restantes (un 54%) pasan a la caja única del Estado.
Solís considera que no tiene sentido que una entidad como Aviación Civil tenga un tope presupuestario, pues sus recursos no pueden invertirse en otros gastos de Gobierno.
Precisamente el artículo 166 de la Ley de Aviación Civil establece que las tarifas, las rentas generadas por los servicios aeroportuarios propiedad del Estado, " se destinarán solo al desarrollo de la aeronáutica civil".
Para qué alcanza. La subdirectora de Aviación Civil, Vilma López, reconoce que con ¢1.660 millones para infraestructura, apenas se le puede dar prioridad a las terminales que reciben más turistas.
De ahí que este año invertirán ¢530 millones en la remodelación de la terminal para pasajeros del aeropuerto de Pavas, la ampliación de la pista y la calle de rodaje. Otros ¢500 millones son para mejorar el aeródromo de Nosara.
Según López, se seleccionan solo trabajos prioritarios, porque el otro gran enemigo de la infraestructura aeroportuaria son los lentos trámites para licitar una obra.
Ya en el 2004 la Contraloría de la República cuestionó que Aviación Civil no gastaba el 31% del dinero para obras, por la lentitud con la que adjudica los proyectos.
Otra traba es la falta de personal para inspeccionar proyectos. Para atender todas las obras en ejecución la DGAC solo cuenta con tres ingenieros y una arquitecta.
Para este 2006 la Dirección quiere disponer de unos ¢3.000 millones adicionales para comprar cuatro unidades extintoras de incendios y la Autoridad Presupuestaria avaló levantar el tope de gasto. Ahora dependerá de Aviación que pueda licitar y comprar las máquinas antes de que se acabe el año.
Si la DGAC quisiera disponer de alguna parte de los ¢25.200 millones que hay guardados en la caja única del Estado, tiene que justificar por qué debe levantar el tope de gasto.
"La última vez que se hizo algo grande fue en el 2000, cuando nos autorizaron ¢3.000 millones para el edificio nuevo y el parqueo del aeropuerto Santamaría", dijo López.
Más bien, la jerarca confesó que en otras ocasiones, y por leyes específicas, el dinero sin asignación que se acumula en la DGAC ha servido para otros gastos de Gobierno.
