Contralora general: 'Costa Rica paga el costo más alto por créditos no desembolsados'

La contralora general, Marta Acosta, conversó con La Nación en su oficina, en el piso 14 de la Contraloría General, sobre las razones que le impiden al Gobierno ejecutar con mayor eficiencia y rapidez préstamos como el de $450 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).

Esta es la entrevista con Acosta.

¿Cuál es la razón del atraso en la ejecución de este préstamo, de un 0% de ejecución?

El MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) no ha cumplido con las condiciones previas establecidas en el crédito. En general, en los 21 créditos aprobados que tiene el país, se ha tardado en promedio ocho meses para cumplir con las condiciones. Algunos se han tardado hasta dos años, otros han sido más rápidos, como cuatro meses. En este crédito concreto, va un año y siete meses.

¿Finalmente podría durar hasta dos años?

No sabemos qué porcentaje de cumplimiento tienen. Ellos habían establecido un plazo de cumplimiento a mayo de este año. Pidieron prórroga, para cumplir. A la fecha, entendemos que no lo han cumplido.

En promedio general, ocho meses. ¿Es un problema de administración o de Estado?

Estamos hablando en general. Es un problema que tenemos desde hace rato. No solo para las condiciones previas, sino también la aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa. E n promedio, toma como un año y siete meses para aprobarse una ley de un crédito. En este caso concreto, el año pasado se pagó, solo por este crédito, $1.541.000 de comisiones de compromiso. El BID ha dicho que Costa Rica es el país que paga el costo más alto por créditos aprobados no desembolsados y el que menor porcentaje tiene de desembolsos por una cartera ya aprobada. Es un problema país.

¿Cuáles son las causas de esto?

El tema de las condiciones previas, lo ubicamos desde que se negocia el crédito, quiénes negocian, el rol del Ministerio de Hacienda, el de la entidad beneficiaria y cómo se están pactando. Deberíamos tener más cuidado al definir la viabilidad o factibilidad de cumplimiento de esas condiciones.

Aquí uno ve más allá de esto, la ausencia de un programa nacional de inversiones, que no tenemos. Cuando estos créditos llegan a la Asamblea, si no forman parte de un Programa Nacional de Inversiones, no deberían aprobarse. No tenemos ese programa.

El país pagó, del 2005 al 2015, casi $20 millones por comisiones de compromiso. Solo en el 2015, se pagaron $5.750.000 de esas comisiones. E n el último año se pagó casi la cuarta parte de lo que se ha pagado en diez años.

Se supone que en Asamblea un crédito no es modificable, salvo para poner alguna condición. Entonces, ¿por qué los diputados se quedan tanto con los créditos?

Más que el contenido del proyecto, nos enfocamos en la etapa de la negociación. Cómo se negoció, qué estudio de preinversión o programa tiene el país, porque ya está suscrito cuando llega a la Asamblea Legislativa y no hay mucho margen de maniobra. Si tenemos un plan nacional de inversión, unos estándares de gestión, podríamos asegurar de una mejor manera qué necesita el país.

Nosotros estimamos que debería haber un plazo máximo para la aprobación de estos créditos en el Congreso, pensando en que luego viene el cumplimiento de condiciones previas.

La ministra de Planificación ha dicho que trabaja en el Plan Nacional de Inversiones. ¿Cuánto afecta la inexistencia de ese plan?

Un plan nacional de inversiones tiene que ser de mediano y largo plazo, porque las grandes inversiones no se ejecutan en uno o dos años. La Contraloría ha venido insistiendo desde hace varios años, porque el país no lo ha tenido.

Volviendo al crédito con el BID, si se atrasa, hay que pedir prórroga...

Sí, prórrogas para el plazo de ejecución. En el informe del segundo semestre del 2015 sobre ese crédito, se mencionó una preocupación, porque el límite de desembolsos es el 13 de noviembre del 2020 y se estimaba a estas alturas un desfase de unos cuatro meses, según el informe de seguimiento del Ministerio de Hacienda.

En esto hay una premisa básica: a mejor planificación, mejor ejecución. Cuando se le dedica recursos de calidad a planificar, pienso que las limitaciones en la fase de ejecución van a ser menores.

¿Hay coordinación entre Gobierno y Contraloría, para solucionar esto y que no se quede como un grito de la contralora desde el piso 14 de este edificio?

Ninguna coordinación. Nosotros hemos analizado créditos específicos, emitimos informes. En diferentes foros hemos participado haciendo sugerencias, también en la Comisión sobre Ingreso y Gasto de la Asamblea, pero no hemos tenido ninguna coordinación en concreto para que la administración tome decisiones, han sido alertas en temas específicos.

Sí hemos coordinado con la Unidad de Crédito Público para que nos brinde información sobre el avance de los proyectos y ellos siempre lo han hecho.

¿Cuántos créditos tiene el país aprobados y cuánto se ha ejecutado?

El monto de los créditos aprobados es de $3.375 millones, de lo cual se ha desembolsado $1.147 millones, o sea un 30%. Los datos al 31 de diciembre del 2015, nos dicen que había $2.628 millones pendientes de desembolsar.