Escuchar
La Contraloría General de la República (CGR) le marcó las reglas de juego a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), organismo contratado por el Estado para gestionar obras públicas por $134 millones, entre ellas, puentes y viaductos en Circunvalación.
UNOPS ha argumentado que su condición de ente internacional adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo faculta para utilizar sus mecanismos de contratación sin pasar por la fiscalización de la CGR.
Además, la Carta de las Naciones Unidas, firmada por Costa Rica desde 1945, le garantiza a UNOPS inmunidad que lo exime de enfrentar procesos judiciales por eventuales incumplimientos.
Dicho instrumento establece que las instalaciones de cualquier ente perteneciente a las Naciones Unidas son inviolables, sus bienes o activos no pueden ser sometidos a allanamientos o “cualquier otro forma de injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.
También tienen derecho de declarar sus archivos confidenciales o inviolables y sus funcionarios gozarán de inmunidad "contra todo proceso judicial" relacionado a sus obligaciones oficiales en el país.
No obstante, Marta Acosta, contralora general de la República, le advirtió a esa oficina que tal condición no le exonera de someterse a los controles establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, pues, manejan fondos públicos.
La prevención consta en un documento enviado por Acosta a Jean Francois Laurent, director interino de UNOPS en Costa Rica, el 1 de junio.
En la nota, la jerarca enfatiza que la Contraloría tiene la potestad de ajustar los carteles de licitación, corregir la adjudicación de contratos en caso de ser necesario o auditar el uso de fondos públicos asignados a UNOPS para su ejecución.
"Este órgano contralor no encuentra obstáculo para que sujetos de derecho internacional público apliquen sus normas propias de adquisiciones (...) Sin perder de vista que se trata de fondos públicos que son transferidos para la administración y realización de proyectos, lo que obliga a respetar los principios constitucionales de la contratación administrativa", afirmó Acosta por escrito.
La funcionaria reiteró que la agencia de la ONU debe someterse a mecanismo de fiscalización que permitan verificar el cumplimiento de metas y objetivos.
"Al igual que en cualquier otro contrato, la Administración debe diseñar y fijar los mecanismos adecuados para la fiscalización de la ejecución; no solo por el carácter público de los fondos transferidos sino considerando que debe velar por el cumplimiento de los objetivos para los cuales se ha contratado a UNOPS", añadió en el oficio.
Entre las obras asignadas a UNOPS están la ampliación de los puentes sobre el río Virilla en Lindora y la ruta 32, en Tibas y la construcción de tres pasos a desnivel en la vía de Circunvalación. Sin embargo, solo el paso en Lindora ha recibido orden de inicio. El resto sigue atorado en los procesos de expropiación.
Los constantes atrasos de esas obras obligaron a UNOPS a "pedir perdón", en octubre del año pasado, a la ciudadanía, ya que esas inversiones son muy esperadas por miles de conductores.
La Nación trató de conocer la posición de UNOPS ante la nota del ente contralor, pero se negaron a conceder una entrevista.
LEA TAMBIÉN: Inmunidad cubre la agencia de la ONU en caso de incumplir obras viales
En mayo, ese ente también negó a este medio el desglose de pagos recibidos de parte del Estado.
¿Cómo funciona?
UNOPS fue presentada, en 2014, ante la opinión pública como un actor capaz de agilizar proyectos de inversión pública claves para el país, pero esa promesa no se ha cumplido.
La organización y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) han achacado los atrasos de las obras a la lentitud de los procesos de expropiación y tramite de permisos ambientales.
A cambio de administrar los proyectos, UNOPS cobra gastos administrativos para el pago de los profesionales que contrata y un porcentaje del valor total de la obra por sus servicios.
LEA TAMBIÉN: Agencia de ONU incapaz de agilizar obra pública
Por ejemplo, en el caso de los pasos a desnivel y los puentes sobre el río Virilla, cobró por esos rubros $5,4 millones, de los cuales había consumido, hasta mayo, $1,4 millones.
Guiselle Alfaro, exviceministra de Infraestructura, declaró que la tarea de evaluar si UNOPS resulta más caro que una unidad ejecutora tradicional está pendiente.
Alfaro se había comprometido a realizar esa labor semanas atrás, pero renunció a su cargo el 12 de junio.
Al ser consultada por este diario, la funcionaria expresó que debe determinarse quién asumirá esa labor.
