EscucharCada año, Costa Rica gradúa a más de 10.000 personas en carreras de Educación. En ellas, el MEP depositará la responsabilidad de formar a los cientos de miles de escolares y colegiales.
A pesar de esto, el país no sabe prácticamente nada sobre la calidad de estos egresados. Esta advertencia la arroja el IV Informe Estado de la Educación, iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (Conare), apoyada por el Programa Estado de la Nación.
La investigación reveló que hay 259 carreras de Educación, pero solo 15 (6%) tienen el respaldo (sello de calidad) del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, dimensionó lo grave del problema.
“Buenos y malos docentes salen de estos programas e ingresan al sistema sin mayor control de calidad. Estamos ante un problema neurálgico”, dijo.
“Hay diferencias en términos de calidad, pero parte de la dificultad es que no tenemos información. Apenas este año se hizo, por primera vez, el esfuerzo de obtener datos de matrícula gracias a una gestión de Conare, pero esa es la única información que tiene el país, a nivel nacional, sobre universidades privadas”, agregó.
En el 2010 y 2011, siete de cada 10 graduados salieron de una universidad privada.
Solo en el 2011 se graduaron 10.597 profesionales en Educación. De estos, 7.359 provinieron de centros privados y 3.238 de universidades públicas.
Reto. El ministro de Educación, Leonardo Garnier, dice que la calidad docente es el mayor reto.
Según él, hay dos obstáculos: “Uno tiene que ver con las herramientas de contratación, evaluación y gestión del recurso humano al que está sometido el MEP y que, claramente, atentan contra la calidad educativa. Otro tiene que ver con la muy diversa calidad de la formación que brindan las escuelas y facultades de educación, muchas de las cuales –y esto es patético– atentan contra la calidad”.
En una entrevista con La Nación, en enero, el ministro dijo que optó por no abordar este tema al tratarse de un “problema mayúsculo” que requeriría de una negociación compleja con los gremios y “una huelga como de un año”.
Jorge Vargas Cullell, director a.í. del Estado de la Nación, coincidió en que el problema está presente tanto en la oferta de las universidades como en la demanda del Ministerio de Educación Pública (MEP), que no los diferencia a la hora de hacer las contrataciones.
El estudio dice que “el MEP no cuenta con un perfil de ingreso al sistema (educativo) y no existe un mecanismo que permita seleccionar a los educadores graduados de carreras acreditadas”.
“El MEP, como contratante, puede establecer un perfil y decir: ‘estas son las características que quiero’”, añadió Vargas.
Empero, eso no está en plan.
“Hace 50 años se aprobó la Ley de Carrera Docente, que fue muy oportuna en su momento. Ya pasaron cinco décadas y el contexto actual implica un diálogo a nivel nacional, por ser un tema de trascendencia. Lo que no podemos hacer es seguir pateando la bola hacia adelante”, agregó Isabel Román.
Sin evaluar. Aunado a la ignorancia sobre la calidad en las universidades, el país carece de mecanismos para evaluar los conocimientos de los graduados una vez que salen.
Eleonora Villegas-Reimers, experta en formación docente y desarrollo profesional del Wheelock College, en Boston, Massachussetts, Estados Unidos, subrayó la importancia de estos controles.
“Aquí (en EE. UU.) hay una diferencia con la mayoría de los países latinoamericanos y es que los grados los da la universidad, pero las licencias la da el Estado. Entonces, yo puedo ir a la universidad que yo quiera, pero para obtener una licencia mi universidad debe estar acreditada”, explicó a La Nación .
Sin la licencia, los estudiantes no pueden optar por un empleo en el sistema público, que ofrece las mejores condiciones laborales.
Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), coincidió en que el Estado debe fiscalizar a las universidades privadas, pero consideró que esta tarea le toca al Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).
“El propio Estado promovió la proliferación de universidades de garaje porque baja la presión hacia las universidades públicas donde, en este momento, solo entran los ricos y privilegiados”, dijo Ferreto.
“Al Estado le corresponde fiscalizar a las universidades y a la que no cumple con los requisitos académicos cerrarle el negocio, pero esto nadie lo quiere hacer”, añadió.
Ferreto se opuso a la acreditación obligatoria, pues consideró que serían los alumnos de escasos recursos los más perjudicados, justamente por no poder ingresar a las universidades públicas.
