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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se mostró, este sábado, alarmada por las acciones impulsadas por el Gobierno contra empresas formales que realizan promociones comerciales ligadas a la transnacional Uber.
En un intento por restringir operaciones de esta plataforma de transporte, el MEIC ordenó el pasado jueves a varios restaurantes, centros de relajación, hoteles y otros negocios interrumpir campañas que mencionaban a dicha empresa bajo amenaza de sancionarlas si incumplían .
Dicho ministerio indicó que los locales podrían verse expuestos a multas de entre 10 y 40 veces el salario base (actualmente es de ¢426.000) y a una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor.
Franco Arturo Pacheco, persidente de Uccaep, criticó a la administración Solís por negarse a asumir una actitud proactiva y propositiva que permita desarrollar una legislación para empresas como Uber "que cuentan con nuevas tecnologías y podrían operar bajo la legalidad en Costa Rica".
"Uber es una tendencia a nivel mundial y, por eso, se debe controlar a ciertos grupos de presión que han montado una persecución en contra personas que lo único que buscan es una fuente de ingresos ante la falta de opciones de trabajo; de ahí que alarma ver como una especie de persecución está trascendiendo y afectando a otros negocios que operan bajo la formalidad", recalcó Pacheco.
El jerarca de UCCAEP también instó al Poder Ejecutivo a permitir en Costa Rica el uso de nuevas herramientas tecnológicas y a procurar que se respete el derecho de los usuarios y de los consumidores a elegir libremente el tipo de servicio que desean utilizar.
Las críticas de Pacheco se sumaron a las de otros representantes empresariales. En un comunicado emitido este sábado, la Cámara Costarricense de Hoteles calificó de "asedio" las acciones del Poder Ejecutivo contra empresarios turísticos.
"No le corresponde a esta Cámara entrar a valorar la legalidad o no de la aplicación Uber, pero sí la legalidado o no del accionar de nuestros agremiados. Es aquí donde no comprendemos el asedio del Ministerio deEconomía exclusivamente a nuestro sector y no a otro como, por ejemplo la Televisión, que lleva semanas mostrando una campaña publicitaria de la mencionada empresa", indica el comunicado.
El pasado 9 de agosto, el Gobierno emitió una directriz que ordena al MEIC y a los ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Seguridad a tomar acciones por la declaratoria de ilegalidad de Uber.
A inicios de mes, la administración Solís también prometió realizar más operativos de tránsito para perseguir y sancionar a quienes ofrezcan servicios ilegales de transporte público
Afectados responden.
Por su parte, Gustavo Araya, director ejecutivo del hotel Wyndham San José Herradura y presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, anunció que llevará su caso a la vía contenciosa administrativa para determinar si la promoción que realizó su establecimiento con Uber es ilegal.
Dicho hotel es uno de los establecimientos que recibió, el pasado jueves, una notificación del MEIC debido a una promoción realizada con Uber con motivo del Día de la Madre.
"Vamos a defendernos y las empresas en nuestro sector. Seguiremos con las promociones que correspondan incluidas, si las hay, con Uber. El Gobierno dirigió su ofensiva contra el sector turístico pero, si querían ser mediáticos, ¿por qué sigue sin notificar a televisoras nacionales con anuncios de Uber? Por miedo, obviamente", declaró Araya.
Entre tanto, Adriana Sánchez, propietaria de un restaurante que también fue prevenido por el MEIC, acusó al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, de perjudicar a ciudadanos que generan empleo y pagan tributos y a los consumidores por restringirles opciones.
"Mi mensaje al Estado costarricense es que cuando el miedo es la fundación de la gestión pública, la ciudadanía pierde el respeto. Nuestra institucionalidad vale oro, no se atrevan a ensuciarla con esta charlatanería", manifestó Sánchez.
La división de Uber en Costa Rica también se unió a las voces de malestar acusando al Gobierno de lesionar la libertad empresarial al impedirse ejercer un principio básico como son las promociones o la libre competencia "frenando así el avance de la economía del país", expresó Andrés Echandi, gerente general de Uber Centroamérica.
Echandi reiteró que su empresa está legalmente establecida en Costa Rica, como una comunidad tecnológica de autoabastecimiento, en la cual las personas que tienen una necesidad de movilizarse se ponen en contacto a través de la aplicación con personas que puedan suplir su necesidad.
"No existe ninguna resolución emitida por autoridad competente o tribunal que indique que el servicio facilitado es ilegal", expresó.
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Polémica en redes sociales.
Los reclamos del sector empresarial crecen en medio de una polémica que el mismo presidente Solís alimentó, el pasado viernes, con un intercambio que sostuvo en redes sociales con la exmodelo y empresaria, Leonora Jiménez; una de las primeras usuarios Uber en Costa Rica y promotora de este.
Desde su cuenta en Facebook, Jiménez declaró: "Es una vergüenza, que triste que el PAC haya sucumbido ante la presión de los gremios: taxistas, camaroneros, sindicalistas, autobuseros".
La empresaria también lo retó a que sancionara sus proyectos de moda (Jiménez es dueña de una revista y dirige el evento Mercedes-Benz Fashion Week,) al tiempo que le anunció que "seguiremos apoyando la libertad del consumidor de elegir los servicios que más le garanticen calidad y seguridad, pero sobretodo defendiendo la libertad de elegir y también de competir".
El mandatario, también desde su cuenta en Facebook, respondió a Jiménez que lamentaba mucho que ella se sentiera afectada por la obligación que él tiene de defender la ley y negó haber cedido a presiones excepto la presión de cumplir la legislación.
"Por eso, estimada Leonora, las entidades publicas continuarán sancionando a quienes promuevan la ilegalidad. Eso es lo que nos toca. Las leyes no se discuten: se acatan. Y esa no sólo es mi responsabilidad: tambien es la suya", afirmó Solís.
Dicho intercambio generó, este sábado, nuevas críticas y señalamientos.
Eli Feinzag, presidente del Partido Liberal Progresista, acusó al Gobierno de omiso en la discusión sobre Uber y de ceder a persiones que ahora impactan a la empresa privada y la libertad de los consumidores a elegir servicios.
"Cuando un Gobierno decide no tomar decisiones, ocurren estas cosas. Por año y medio, el Gobierno ignoró a Uber, no opinó, no resolvió, ni abrió espacios. Estamos así ante un Gobierno débil frente a grupos de presión cuyos dirigentes saben que, con un poquito de presión, la administración se dobla. Así es como ahora tenemos una persecusión oficial contra la empresa privada", expresó Feinzag, quien se declara usuario asiduo de Uber.
Otto Guevara, diputado y candidato presidencial del Movimiento Libertario, aseguró que, si de legalidad se trata, el presidente Solís debería revisar cómo se brinda el servicio de transporte público de taxistas en el Valle Central donde, según sostuvo, la mayoría de ellos "no son ni los concesionarios, ni empleados del concesionario, ni están debidamente ergistrados ante la Seguridad Social".
"El presidente dice estar obligado a respetar las leyes pero, en presupuestos que ha enviado a la Asamblea Lesgislativa, remite 27% del gasto corriente del Gobierno financiado con endeudamiento. Esto viola el artículo 6 de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera por el cual no se puede financiar gasto corriente con ingresos de capital. Ahí el presidente ni se sonroja al violar de forma flagrante la ley que dice estar comprometido a cumplir", reclamó Guevara.
