EscucharEn el territorio indígena de Térraba, en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, apenas una de cada diez hectáreas se encuentra en manos de aborígenes, sus legítimos propietarios.
Efectivamente, de las 9.350 hectáreas que constituyen la reserva, el 88% está en manos de personas no indígenas, según el Ministerio de Planificación (Mideplan).
Esto, a pesar de que la Ley Indígena , de 1977, declara estas tierras como “inalienables”, “no transferibles” y “exclusivas” de esta población.
Es más, la legislación enfatiza la noción de “propiedad colectiva” que caracteriza a esta cultura.
Sin embargo, otra cosa ocurre en la práctica: las parcelas son compradas y vendidas, dentro de las reservas y fuera de la ley, y en las operaciones participan tanto indígenas como personas ajenas a su cultura.
Este fenómeno se repite en todo el cantón de Buenos Aires y, en menor grado, en el resto del país: el 39,3% de las reservas está ocupado por “no indígenas”, según el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.
Por una cabeza de ganado
De muy diversas maneras, estas personas han penetrado paulatinamente los territorios indígenas: “A veces era la paga de un préstamo, o a cambio de una bestia, o por dinero”, relató Cristino Lázaro, de Curré.
Según Jeffry Villanueva, de la Asociación Regional Indígena del Dikes, las difíciles condiciones en que viven las poblaciones indígenas explican tal comportamiento.
Lázaro agregó que, en más de una oportunidad, la ocupación por parte de “blancos” no ha sido producto de una “venta”, sino de la usurpación de la parcela.
Para los “compradores”, estas tierras no son solo baratas, sino que exentas de impuestos, pues estos no se cobran en las reservas, según explicó Giovanni Fallas, alcalde de Buenos Aires.
Esto ha favorecido no solamente la penetración de personas ajenas a las reservas, sino la formación de latifundios. “Hay una familia que posee 5.000 hectáreas en las reservas”, dijo Fallas.
Según explicó Rubén Chacón, abogado especializado en el tema indígena, es ilegal la venta que hace un aborigen de sus tierras.
“Entre no indígenas, la venta es legal, pero la parcela debió adquirirse desde antes de que fueran declaradas como inalienables, y no puede ser producto de una usurpación o de la compra a un indígena”, explicó Chacón.
La vigilancia estatal de las reservas indígenas es responsabilidad de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai).
Sin embargo, según los presidentes de las asociaciones de desarrollo de Salitre, Cabagra y Térraba, Sergio Rojas, Rafael Delgado y Genaro Gutiérrez, respectivamente, nunca han contado con el apoyo de esta entidad.
Por ello, explicó Rojas, en los últimos años las asociaciones comenzaron a tomar medidas por su cuenta. Por ejemplo, la comunidad de Salitre lleva una decena de procesos judiciales para recuperar sendas propiedades.
El jueves y el viernes se intentó conversar con algún representante del Conai, pero no hubo respuesta en los teléfonos registrados en el directorio telefónico.
Cuenta pendiente
Una porción de los “blancos” que ocupan estos territorios está allí desde antes de la promulgación de la Ley Indígena , en 1977; es decir, su presencia no era irregular, o se supone de “buena fe”. Su reubicación o indemnización está contemplada en la mencionada ley, pero ha sido postergado por el Estado desde entonces.
Sin embargo, según Chacón, Fallas y miembros de las comunidades indígenas, la mayoría de los no indígenas residentes en las reservas llegó después de 1977.
Según Jorge Leiva, de la Defensoría de los Habitantes, la situación de las tierras en las reservas fue un problema desde su delimitación en 1956: “La demarcación se hizo con coordenadas, desde un escritorio en San José”, explicó.
En opinión de Chacón, “el Estado no se ha preocupado por resolver los problemas de los indígenas, incluido el territorial”.
Fallas consideró que en su momento el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) debió de reubicar o indemnizar a los “blancos” que ocupaban las reservas.
De acuerdo con la ley, a esta institución le corresponde llevar adelante los procesos judiciales para recuperar las tierras que ostentan ajenas a los aborígenes.
Según explicó Wálter Céspedes, presidente ejecutivo del IDA, están a la espera de que la Contraloría apruebe un presupuesto de ¢500 millones para comenzar con las indemnizaciones en el cantón de Buenos Aires.
En la actualidad, el tema de las indemnizaciones ha adquirido relevancia, ante la presión de las comunidades indígenas y a raíz del Proyecto Hidroeléctrico Boruca, que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de Electricidad.
Los Casos de los territorios de Curré y de Salitre
