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La diputada del PLN Maureen Clarke denunció, este mediodía, que alguien de su fracción parlamentaria le pidió no asistir el lunes a la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR, de la cual forma parte, porque ella pretendía votar a favor las mociones para interrogar a cinco diputados y a un magistrado en torno al caso del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Y la idea de esa persona, que se negó a identificar, era que las comparecencias no se aprobaran, lo que finalmente sucedió.
Por eso, la legisladora josefina envió una carta al presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, para renunciar al puesto que ocupa en el panel investigador.
La decisión de la legisladora deja al desnudo un conflicto en la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), pues ella aseguró que había interés en que no se convocaran a los legisladores y al magistrado Celso Gamboa, de la Sala III.
"En este caso, yo no estaba de acuerdo en que se rechazaran las mociones. Yo las hubiera aprobado, por eso fue que se me dijo que no fuera. Entonces, si yo no puedo ir para tomar una decisión como esta, que era trascendental, mi presencia ya no tiene sentido", comentó la legisladora.
LEA CARTA DE RENUNCIA DE MAUREEN CLARKE
Consultada por La Nación sobre quién fue la persona que le solicitó no ir a la comisión investigadora, Clarke evadió dar una respuesta concreta y solamente negó que el candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, tuviera algo que ver con esa presión.
La diputada liberacionista Sandra Piszk también lamentó el rechazo de los interrogatorios.
Este lunes, luego de la comparecencia del jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Javier Cascante, se conocieron varias mociones de comparecencia, entre ellas una que pretendía llamar a interrogatorio a cinco legisladores. Esa moción fue rechazada.
La idea era convocar al liberacionista Rolando González, el libertario Otto Guevara, el ahora independiente Víctor Morales Zapata y a los socialcristianos Johnny Leiva y Luis Vásquez para interrogarlos.
Votaron en contra de estas comparecencias Julio Rojas y Aracelly Segura, del PLN; William Alvarado, del PUSC; y José Alberto Alfaro, del Libertario.
Votaron a favor Ottón Solís y Nidia Jiménez, del PAC; Ronny Monge del PLN y Patricia Mora, del Frente Amplio.
Con solo que Clarke hubiese votado, en lugar de su sustituta Aracelly Segura, los interrogatorios se habrían aprobado.
El legislador Morales Zapata, que llegó al Congreso con el PAC y que se libró de tener que comparecer, ha sido una figura central en el objetivo de la investigación, pues se ha revelado que una vez llamó a la CNE para interceder por un pago en favor de Bolaños y que una persona que figura en cuatro sociedades de ese empresario le gestionó unas vacaciones.
También se rechazó una moción presentada por Patricia Mora, del Frente Amplio, para convocar a audiencia al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, a quien varios medios de comunicación han ligado con un viaje a Panamá, pues tanto su salida como su llegada coincidieron con Juan Carlos Bolaños.
Además, Gamboa integró la Sala Penal en el momento en que se desestimó la investigación sobre varios asuntos relacionados con el crédito para la importación del cemento chino.
A todos ellos se les ha relacionado con el importador de cemento Juan Carlos Bolaños, quien hizo gestiones para que el Reglamento de uso del cemento fuera modificado y quien tiene préstamos por $30 millones con el Banco de Costa Rica.
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En la carta de renuncia a la Comisión Investigadora, Clarke aseguró que la "voluntad soberana del plenario legislativo al crear dicha comisión se está perdiendo en la nebulosa de investigar otros créditos y acciones que no están vinculados con los dos casos originales (créditos a Sinocem y a Coopelesca)".
La exjefa liberacionista también deploró que Julio Rojas y Aracelly Segura, también liberacionistas, rechazaran que se interrogue a otros congresistas y al magistrado Gamboa.
En el caso de Ronny Monge, también legislador del PLN y quien preside la Comisión Investigadora, votó a favor de que se convocara tanto a los diputados como al magistrado.
"Hay mucha gente que hay que llamar todavía, porque aquí no solo son sospechas, cada vez se concreta más que hubo tráfico de influencias, que algo hubo ahí, para efectos de, en el caso de Sinocem, no solo abrir el mercado, sino también influir para que hubiera créditos para esta persona específica (Juan Carlos Bolaños)", explicó la congresista.
Clarke añadió que su intención de llamar a cuentas a los parlamentarios no es porque crea que han cometido ninguna irregularidad, sino porque "ahora más que nunca, en la política, hay que tratar de demostrar que hay transparencia, porque quien nada debe, nada teme".
"¿Cuál era el problema de que fueran a explicar cuál era su relación? A nadie se le prohíbe la amistad. Uno no sabe en qué andan los amigos, pero uno tiene que ser consecuente. Yo no estaba de acuerdo en que se rechazaran las mociones", indicó Clarke.
