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El cierre de cinco canopys por parte del Registro de la Propiedad Industrial generó ayer un fuerte enfrentamiento entre la directora de ese órgano, Liliana Alfaro, y unos 40 empresarios turísticos.
Ambas partes se reunieron con los ministros de Seguridad y Turismo, Rogelio Ramos y Rodrigo Castro –respectivamente–, así como con representantes del Registro Nacional para aclarar malos entendidos. El encuentro, sin embargo, más bien calentó la polémica.
Este conflicto se inició después de que el Registro de la Propiedad Industrial otorgó la patente de invención del canopy (deslizamiento entre los árboles por medio de cables) al canadiense Darren Hreniuk y ordenó el cierre de todas aquellas instalaciones que no estuvieran aprobadas por el inventor.
La medida cautelar quedó en suspenso porque se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra esas normas. No obstante, esa gestión fue aparentemente declarada sin lugar la semana anterior, por lo que la directora del Registro procedió a ejecutar las inhabilitaciones de canopys .
El viernes cerró uno ubicado en el hotel Valle Escondido, en San Ramón, y el Costa Rica Arenal Canopy Tour, en La Fortuna de San Carlos, ambos en Alajuela.
El lunes, entretanto, inhabilitó las instalaciones de esta actividad en el hotel Villa Lapas, Waterfalls y el del hotel Terrazas del Pacífico, todos en Garabito de Puntarenas.
Gran impacto
Por lo menos en tres casos, los empresarios aseguran que no solo se los clausuró, sino que hubo destrucción de las estructuras.
Discutieron, además, el hecho de que fuera el propio Darren Hreniuk –poseedor de la patente– quien ejecutó la medida, en presencia de Alfaro y efectivos de la Fuerza Pública.
Finalmente, reclamaron que aún faltaban de resolver recursos de amparo contra los cierres.
La funcionaria, sin embargo, defendió la medida y denunció persecución en su contra y amenazas de muerte.
Aseveró: “En días pasados me llamaron para decirme que me iban a volar bala”.
Asimismo, insistió en que aunque ahora los empresarios se presentan como víctimas, el perjudicado en estos casos siempre es el inventor.
Por esta razón, sostuvo que solamente aplicó el artículo 5 de la Ley de observancia de los derechos de autor que la faculta a ordenar “el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción”.
Sus explicaciones fueron secundadas por la apoderada del canadiense, Any Zeledón, quien aclaró que su representado estuvo en los cierres como perito. “Solo él sabe cómo inhabilitarlos y no destruimos nada; lo que pasa es que algunas plataformas estaban podridas”, argumentó.
Las palabras no convencieron a los afectados ni tampoco al Ministro de Turismo, quien se opuso abiertamente a la actitud de Alfaro.
Castro explicó que teme el impacto que estas medidas puedan tener en la actividad, al considerar la cantidad de turistas que practican canopy , también llamado tirolesa.
“La estadía promedio de un turista es de 10 días, si no va al canopy es un día menos. Lo que en cálculos rápidos podría costarle al país unos $120 millones”, manifestó.
