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El profesor Francisco López se la pasa leyendo periódicos o ayudando en cualquier cosa a los oficinistas de la Dirección Regional del MEP en Heredia porque no tiene funciones asignadas.
López fue reubicado allí hace 18 meses mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) investiga una denuncia presentada en su contra cuando fungía como director del Liceo de Heredia.
“Aquí no tengo ninguna responsabilidad. Por leer el periódico me han pagado en el último año como ¢10 millones; por estar aquí haciendo nada”, dijo López.
En la actualidad, 235 docentes enfrentan investigaciones. Todos han sido trasladados a las direcciones regionales donde reciben su salario completo a cambio de realizar tareas básicas como contestar el teléfono o enviar un fax.
José Lino Rodríguez, viceministro administrativo del MEP, afirmó que los funcionarios investigados deben cumplir funciones administrativas específicas y que “todos están ocupados”.
La Nación intentó precisar cuánto se paga al mes en salarios a los funcionarios reubicados. Sin embargo, al cierre de edición, el MEP no contaba con el dato.
Dicho costo crece si se toma en cuenta que por cada docente trasladado, el Ministerio debe contratar a un maestro interino sustituto.
Larga espera. Mientras el MEP resuelve un caso, ningún profesor investigado puede dar clases en el centro educativo donde laboraba. Sin embargo, algunos procesos pueden durar tres años o más.
Francisco López, por ejemplo, afirma que ni siquiera le han abierto un expediente disciplinario.
Otro profesor reubicado en la Regional de Heredia lleva seis años esperando la resolución.
Según el MEP, la mayoría de investigaciones están relacionadas con quejas por abuso sexual, acoso y situaciones conflictivas.
Dentro de esta última categoría está, precisamente, el caso que se sigue contra el profesor López.
A él lo investigan porque los alumnos lo denunciaron por descuido de la infraestructura del colegio y supuestas actividades políticas, lo cual él negó.
El viceministro Rodríguez dijo que esos educadores no pueden ser enviados a un centro educativo de otra región porque lo prohíbe la Ley de Carrera Docente.
Agregó que cuando un profesor es hallado responsable, el MEP pide a un tribunal civil que permita despedirlo. “El proceso es un ritual macabro y hay casos que tardan hasta tres años”.
También hay casos de educadores declarados inocentes que no regresan a su centro de trabajo porque los estudiantes y padres de familia se oponen.
