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El experto uruguayo en normativa antilavado de capitales y financiamiento del terrorismo, Alejandro Montesdeoca, asesora al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para alcanzar las normas internacionales en esta materia. A criterio del consultor, hoy Costa Rica es vulnerable en esta materia.
En esta entrevista, él explicó cuál es el riesgo del país, a un mes de que se cumpla el plazo para informar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las reformas legales hechas para reducir el riesgo. Si el país no cumple, entraría en la lista gris de países no cooperadores.
De las 40 recomendaciones del GAFI, ¿cuáles son las más urgentes? El plazo está por vencer.
Lo que se ha hecho es evaluar el nivel de cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del GAFI para el caso de Costa Rica y, en muchas muchas de ellas, se ha calificado positivamente al país. Las más relevante y urgentes son las relacionadas con la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, la aprobación de mecanismos para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre congelamiento de activos vinculados al terrorismo.
"También, la modificación de las normas para reportar operaciones sospechosas y la necesidad de legislar sobre las regulaciones preventivas de actividades y profesiones no financieras. Además, es importante aprobar normativa que tienda a mejorar la transparencia en las personas y estructuras jurídicas. Esto ha adquirido especial relevancia después del sonado tema de los Papeles de Panamá".
Lleva tres años de consultor del ICD. ¿Considera que el país está en riesgo de no cumplir con las recomendaciones? Es que los proyectos no dependen del ICD, sino de los diputados.
Una cosa importante. Acá no se trata de la evaluación del ICD o del Poder Ejecutivo, sino del país. El resultado tiene trascendencia para el país, para la sociedad, para el pueblo de Costa Rica, no para un organismo concreto. En segundo lugar, yo creo que el informe de evaluación que emitió Gafilat (sede del GAFI para América Latina), hace un año, refleja en líneas generales bastante bien la situación del país.
"Estos puntos débiles detectados en ese proceso de evaluación responden a una realidad: Costa Rica tiene sus puntos débiles, que no son muchos. Una de las ventajas con que cuenta el país es que aquellos elementos problemáticos no son muchos, están bien identificados, pero son importantes.
Ha habido un plazo de gracia, de un año, desde el momento en que se aprobó el informe de evaluación de Gafilat para que Costa Rica tomara medidas legislativas, para cumplir con estos puntos, que son más importantes y que son relevantes al momento de verificarse si un país puede entrar o no a una lista gris".
¿Cuáles con las consecuencias de estar en esa lista gris?
Las consecuencias no solamente son para las entidades financieras. En realidad, que un país sea incluido en una lista, por parte del GAFI y de la OCDE, trae consecuencias para toda la economía. Pero las consecuencias más inmediatas son para el sector financiero, porque en todos los países, hoy día, donde hay un mundo tan interrelacionado, es muy importante la reputación. Todos dependen recíprocamente en sus relaciones económicas y financieras, a la hora de tomar decisiones sobre cuáles son los niveles de riesgo.
"Cuando un país es colocado en una lista del GAFI o de la OCDE, se vulnera o se afecta la reputación de ese país. Eso quiere decir que aumenta el riesgo transaccional que otros países puedan tener respecto del que está en la lista. Eso tiene otras consecuencias. Es muy cercana la relación institucional entre GAFI y la OCDE.
Costa Rica está en un proceso de ingreso a la OCDE. Se dificultaría muchísimo el proceso de ingreso del país a la OCDE. Desde el momento en que un país entra a una lista gris, la OCDE dice: 'No, hasta que usted no salga, no sigo adelante con el proceso. Cuando salga, volvemos a hablar'".
De las recomendaciones para Costa Rica, ¿hay un grado de cumplimiento que asegure la aprobación? ¿En qué porcentaje se maneja eso?
Eso depende, porque los tres proyectos apuntan a situaciones diferentes desde el punto de vista jurídico y operativo. Los tres casos son un paso inicial para la implementación de medidas concretas que llevan una efectividad en el sistema. Lo relevante en este momento y que se tiene en cuenta para considerar la eventual entrada en una lista gris, son los temas relacionados al financiamiento del terrorismo, que es una preocupación mundial.
Costa Rica se ha quedado bastante atrás. Es un país permeable y tiene peculiaridades positivas desde el punto de vista geopolítico e histórico, eso hace que el país no sienta muchas veces que, como cualquier país del mundo, es vulnerable a este tipo de actividades. Es más, en la medida que se baje la guardia, más vulnerable parecerá.
¿Su contrato de consultoría pagado por la ABC (Asociación Bancaria Costarricense) para el ICD establece algún nivel de éxito en la consultoría?
No. Esto nadie se lo podría prometer a nadie. No hay una obligación de resultado. La idea es apoyar los esfuerzos del país para mejorar su sistema antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Si el país aprueba las leyes o no, es responsabilidad del país.
¿Es posible determinar con qué grado de responsabilidad asume el Congreso por esos proyectos de ley?
Hemos tenido reuniones con parlamentarios y puedo decir que ya se han agotado todos los procesos previos técnicos de elaboración de proyectos de consultas con expertos nacionales, asesores parlamentarios, expertos de distintas instituciones públicas y privadas. El proyecto está consolidado. Lo que resta es que sea discutido y aprobado por la Asamblea.
