Para el fiscal general de la República, Carlos Arias, no se deben promover arreglos en juicios contra el patrimonio del Estado sin valorar el daño moral y ético, aunque jurídicamente sean factibles.
Así lo señaló ayer en referencia al acuerdo logrado por dos imputados en una de las causas relacionadas con el cierre del Banco Anglo Costarricense (BAC), quienes fueron sobreseídos tras el pago de ¢80 millones. El arreglo fue avalado por la Procuraduría General de la República y por el mandatario Abel Pacheco.
Arias explicó que los fiscales analizan la sentencia dictada este 25 de noviembre para decidir si hay motivos jurídicos para apelarla en casación.
“Debido al daño social que este evento produce no se puede dejar de valorar lo ético y lo moral, pues si bien es cierto que lo procesal lo permite, no se puede dejar por fuera lo demás”, argumentó Arias.
Acerca de la posibilidad de negociar, el jerarca del Ministerio Público aseveró que es viable en casos “de poca monta”, pero no en causas en donde esté de por medio lesión al patrimonio del Estado.
Explicó que incluso la Fiscalía venía negociando casos pequeños y logró así favorecer el desarrollo ecológico del río Zapote, en Upala de Alajuela.
“En vez de que la gente fuera a la cárcel, negociamos por semillas, árboles, materiales o trabajo en siembra”, dijo.
Finalmente, clamó porque también los jueces hagan ese tipo de valoraciones antes de aceptar los arreglos.
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