Varios magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están fuertemente divididos en lo que se refiere a Unisys, la principal firma proveedora de esa institución.
La semana pasada, el magistrado suplente Mario Seing dijo en una sesión que “prácticamente todos los recursos institucionales están en juego” con Unisys.
“Han habido serios problemas con Unisys (...) y ahora resulta que el TSE le consulta, y casi le suplica, que conteste si va a seguir brindándole servicios”, cuestionó.
En su opinión, la falta de planificación del Tribunal lo podría llevar a una “emergencia” y pidió cuentas sobre qué planes de contingencia hay.
Seing también dijo que habría que evaluar la posibilidad de inhabilitar a esa firma de hacer negocios con el TSE.
En una línea similar, la magistrada Olga Nidia Fallas ha planteado cuestionamientos a algunas decisiones sobre compras a Unisys y ha salvado el voto en numerosos casos.
Pero otros magistrados, como los propietarios Luis Antonio Sobrado y el presidente, Óscar Fonseca, han dicho en varias oportunidades que los contratos son legales y hay una campaña para hacer creer que hay corrupción.
Las anomalías han sido denunciadas en informes de la auditoría y resoluciones de la Contraloría que sugieren un favorecimiento a Unisys, que tanto la empresa como varios magistrados han negado.
Dudas
Los casos los investiga una comisión legislativa, ante la cual ayer los auditores del TSE hablaron de que se han detectado pagos excesivos y sugirieron el fraccionamiento de compras, así como un concurso hecho a la medida de Unisys.
El diputado Luis Gerardo Villanueva dijo que los viajes pagados por Unisys son dádivas y algunas prácticas del TSE podrían ser delictivas, por lo que varios casos se pasarán al Ministerio Público.
El legislador Humberto Arce coincidió con él y aconsejó a la magistrados familiarizarse con la nueva ley de enriquecimiento ilícito, pues dijo que las prácticas de contratación del TSE son ilegales en el nuevo marco.