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Tres funcionarias de la Dirección de Aduanas documentaron que, en julio del 2016, el importador de cemento Juan Carlos Bolaños y dos de sus colaboradores las amenazaron en una reunión en la que se quejaron por el impedimento para ingresar un cargamento de cemento chino.
En varios correos electrónicos oficiales enviados entre ellas, y también remitidos al entonces director general de Aduanas, Benito Coghi, las personeras afirmaron que el empresario y sus asesores legales tuvieron una "actitud lamentable" con la intención de "amedrentarnos".
Dicen que los empresarios les pidieron que dejaran sin efecto una resolución que impedía desalmacenar el cemento chino, "con el objeto de que ningún funcionario aduanero tenga que pasar por el disgusto de tener que defenderse en el Ministerio Público, cuando la empresa presente denuncia formal contra funcionarios del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio)".
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Las comunicaciones entre empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA) se dieron a raíz de las presiones que Bolaños, Javier Rojas Segura y Alexander Sánchez Porras estaban ejerciendo para que esa entidad les permitiera desembarcar y desalmacenar un cargamento de 20.000 toneladas de cemento importado desde China, en julio del año pasado.
Estas presiones tenían relación con una nota técnica que Aduanas pedía para liberar la mercancía y que debía ser emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El empresario alegó que exigir esa nota técnica no tenía ningún sustento legal ni reglamentario.
En medio de esa pugna entre funcionarios y empresario, se llevó a cabo una reunión el 15 de julio del 2016, donde Bolaños asistió en compañía de Rojas y Sánchez.
En representación de Aduanas, participaron Yolanda Gutiérrez y Guiselle Álvarez, de la Dirección de Gestión Técnica, y Cinthya González, de la Dirección Normativa, todas funcionarias de la Dirección General de Aduanas.
La reunión, que se extendió por dos horas ese viernes, fue solicitada por Bolaños y compañía como representantes de la firma importadora de cemento chino Sinocem Costa Rica S. A.
En la cita, insistieron en que la traba para desalmacenar el cemento, fundamentada en la resolución RES-DGA-086-2016 referida a la nota técnica del MEIC "carece de fundamentación y motivación" y alegaron que eso introducía "barreras no arancelarias a los cementos hidráulicos".
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La negativa de los funcionarios a saltarse la regla impuesta por el Ministerio de Economía generó, entonces, las amenazas y amedrentamientos que las funcionarias documentaron en correos internos el lunes 18 de julio de ese año.
Las quejas las recibió el entonces director general de Aduanas, Benito Coghi, en correos del 22 de julio, una semana después de la cita, por parte de Yonder Alvarado, director de la Dirección de Gestión Técnica de la DGA.
En medio de la discusión interna por resolver las exigencias y recursos de revisión que presentó Sinocem contra decisiones administrativas de Aduanas, llegó también el correo del viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, dirigido a Coghi, quien lo entregó este martes en el Congreso ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios.
El correo de Rodríguez le pide a Coghi un "esfuerzo para que esto (la resolución a favor del desalmacenaje del cemento chino) salga el martes (26 de julio del 2016)", puesto que "el Big Chief (gran jefe, referido al presidente, Luis Guillermo Solís) está a la espera de que se aclare el tema".
Las copias de todos esos correos se encuentran en el legajo que Benito Coghi entregó a la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa este martes.
Funcionarias dicen que Bolaños les habló de cárcel
Además de las amenazas para que no se tuvieran que defender ante el Ministerio Público, por denuncias que Bolaños planteaba como posibles, el empresario cementero les habría hablado de que "funcionarios del MEIC iban para la cárcel", según documentó José Ramón Arce Bustos, de la Dirección Normativa de la Dirección General de Aduanas, en un correo enviado a Benito Coghi y a Yonder Alvarado el martes 26 de julio del año pasado.
"En reunión a fines de la semana pasada, los personeros de esa empresa (Sinocem Costa Rica) mostraron un irrespeto y altanería pocas veces visto y dijeron que funcionarios del MEIC iban para la cárcel y que ojalá ninguno de Aduanas los siguiera", relató Arce a sus superiores jerárquicos.
Ante esos reclamos planteados por sus subalternos, Coghi les respondió en otro correo, también del 26 de julio, diciendo que quien lideraba la reunión con Bolaños de parte de Aduanas debió "poner límites en esas reuniones para que esos irrespetos no se toleren en ningún momento".
Al margen de los señalamientos que hicieron los funcionarios aduaneros sobre sus encontronazos con Bolaños, finalmente el desacuerdo sobre el desalmacenaje del cemento se resolvió, como reveló Coghi ante los diputados del panel investigador.
El permiso a la entrada de las 20.000 toneladas de cemento se dio en medio de gestiones que hizo el diputado Víctor Morales Zapata, junto con el viceministro Rodríguez y el entonces ministro de Economía, Wélmer Ramos.
La figura a la que recurrieron en la Dirección de Aduanas fue la de "habilitación temporal de la zona primaria y su ubicación temporal, que se hizo hacia bodegas en Caldera, Liberia y Escazú, por mientras Sinocem Costa Rica cumplía con la presentación de la nota técnica sobre el cemento hidráulico procedente de China emitida por el MEIC.
