Una vez más, la discusión salarial entre el Gobierno y sindicatos no llegó a ningún acuerdo. Por esto, el Ejecutivo decidió, unilateralmente, aplicar un aumento de 3,24% para el sector público.
La medida subirá los sueldos de unos 297.000 funcionarios públicos a partir de la segunda quincena del mes de agosto. Después de casi tres horas de encerrona, los sindicalistas salieron descontentos con el Gobierno porque sus peticiones iniciales no fueron aceptadas.
“Esto es una burla. También nos pusieron excusas para no aprobar el incremento de un 2,5% adicional que pedíamos para los profesionales no calificados, que son los más afectados por el costo de la vida”, dijo Beatriz Ferreto, líder sindical.
Los gremios solicitaron inicialmente un alza de 6% para el segundo semestre del 2013. Sin embargo, Olman Segura, jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) respondió que ese aumento no era acorde a la realidad financiera del país.
“Es un monto imposible, que no se ajusta a la realidad. Nosotros cumplimos con el acuerdo de 2007, por el que nos comprometimos a hacer el aumento con base en la inflación acumulada del semestre anterior, que es este 3,24% que aumentamos”, dijo Segura.
El incremento de un 3,24% equivale a un gasto total de ¢80.000 millones para los próximos seis meses. Si se hubiese aplicado el alza de un 6%, como pedía el gremio sindical, el monto habría llegado a ¢151.000 millones.
“Es ridículo que nos hagan perder el tiempo en este tipo de negociaciones. Nosotros no somos los culpables de que no haya pasado el plan fiscal. No llegamos a ningún acuerdo porque esto es un reflejo del mal gobierno”, expresó Xiomara Rojas, representante sindical.
Los sindicalistas anuncian que el descontento de los trabajadores se verá reflejado en las calles mediante una manifestación que organizarán para el mes de agosto.
Desorden público. El Gobierno también había propuesto colocar bajo la lupa la desigualdad en las remuneraciones del sector público, pero el ministro Segura dijo que es un asunto que los sindicatos rechazan poner en discusión.
“El ordenamiento del sector público es una urgencia que los sindicatos tampoco quisieron atender, y en esta negociación decidieron dejarlo por fuera”, agregó el jerarca.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló en el 2009 asimetrías salariales que varían entre 225% y 614% en puestos con las mismas funciones.
La propuesta de ordenamiento del sector público ha sido un asunto calificado de urgente por el Gobierno, pero carece de avances.