El Gobierno pretende tener listas en mes y medio las reformas que planteará a la Ley de Migración y Extranjería que rige desde el 12 de agosto y fue aprobada por mayoría de los diputados del Congreso anterior.
Un grupo de autoridades trabaja en la propuesta de modificaciones a artículos considerados por el presidente Óscar Arias y el ministro Fernando Berrocal como muy represivos.
Para ello recaban criterios de partidos de oposición y de diversos sectores, como la Iglesia Católica, que objetan parte del texto de la nueva ley por considerarla, también, muy represiva.
Berrocal explicó que la intención es reformar la legislación, tras el fracasado intento para que la Asamblea Legislativa atrasara un año y medio su entrada en vigencia. También descartó proponer la derogatoria pues quedaría un vacío legal.
El Ministro alegó que el problema para aplicar la Ley es la falta de ¢7.000 millones para contratar personal, construir infraestructura y equipos.
Esta Ley castiga con cárcel de dos a seis años el tráfico ilegal de extranjeros.
Una sanción idéntica se aplicará a quien aloje, oculte o encubra personas indocumentadas.
El castigo sube en dos años si participa un funcionario público, o cuando se utilicen menores para cometer el delito conocido como “coyotaje”.
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