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Diputados del Frente Amplio y del PUSC le metieron una zancadilla al proyecto de ley para fortalecer la normativa antilavado en el país y, con ello, han puesto a Costa Rica a punto de que ingrese a la lista gris, donde están los países que no cooperan contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El Gobierno, obligado a rendir informe al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este miércoles, en Miami, teme que esto pueda significar un fuerte golpe al sector financiero, que sería el primer afectado directo si el país ingresa en el infame grupo de los países no cooperantes.
El riesgo de entrar en ese grupo sería un golpe directo a la actividad financiera, según explicó el ministro a. í. de la Presidencia, Luis Paulino Mora.
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"El sector más afectado sería el financiero, que perdería sus corresponsalías bancarias, sería más difícil acceder a financiamiento en el extranjero y subirían las tasas de interés interno. También afectaría el sector importador, el turismo o los bancos cuyos clientes sean extranjeros", explicó Mora.
Añadió que "los bancos correrían el riesgo de perder el grueso de sus negocios, en virtud de esta nueva situación del país y habría un efecto cascada que tendría repercusión en toda la actividad económica del país".
A pesar de que el proyecto de ley, bajo el expediente legislativo 19.951 se tramita en el Congreso desde hace un año, los diputados no habrían entendido el riesgo de no cumplir con los requerimientos de normativa internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este proyecto específico regula las actividades profesionales no financieras, como notarios, abogados que administran bienes de terceros, bienes raíces, casinos, vendedores de joyas y piedras preciosas, para que tengan que reportar -obligatoriamente- actividades de sus clientes que puedan estar vinculadas con el crimen organizado o el terrorismo.
El sector bancario enumeró, ante consulta de La Nación, los efectos inmediatos del ingreso del país en la lista gris. El primero y más inmediato es el encarecimiento de los créditos. Pero hay una serie de otros efectos que serían sentidos por el Gobierno y por el sector privado.
Particularmente, el Poder Ejecutivo perdería la capacidad de buscar financiamiento en el exterior, además de que hay entidades financieras que ni siquiera vuelven a ver a los países que están en la infame lista.
Actualmente, según los estándares del GAFI, se encuentran en la lista de jurisdicciones no cooperantes y de alto riesgo: Afganistán, Bosnia Herzegovina, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.
Juego de firmas
El primer golpe al proyecto lo asestaron legisladores del Frente Amplio y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), principalmente, quienes enviaron a consulta de la Sala Constitucional el plan, que es una reforma a la Ley de Estupefacientes para regular esas actividades profesionales por ser propensas a ser utilizadas para el lavado de dinero ilícito y el flujo de dinero para actividades terroristas.
La consulta sobre la constitucionalidad del proyecto se presentó en la Sala IV el jueves 4 de mayo, con 12 firmas (para enviar un proyecto a consulta se requieren, al menos, diez firmas).
Los legisladores que firmaron originalmente fueron Ligia Fallas y Jorge Arguedas, del Frente Amplio; Carlos Hernández y Carmen Quesada, independientes; Humberto Vargas, Jorge Rodríguez, William Alvarado, Luis Vásquez y Gerardo Vargas Rojas, del PUSC; Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense; Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), y la también frenteamplista Suray Carrillo.
Al enterarse el Gobierno sobre esa consulta, negoció con varios congresistas para que retiraran su apoyo a la consulta; cinco atendieron la petición, pero se sumaron otros cinco, vez del Partido Liberación Nacional (PLN).
Esas nuevas firmas eran de Juan Luis Jiménez, Maureen Fallas, Marta Arauz, Juan Marín y Maureen Clarke.
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Antes de que el Ministerio de la Presidencia suplicara al PLN reconsiderar esas firmas, ya los magistrados de la Sala Constitucional habían acogido la consulta para estudio, este lunes 8 de mayo. Pocas horas después, llegó un escrito donde los liberacionistas pidieron a los magistrados retirar sus firmas.
Juan Marín alegó que ellos apoyaron la consulta luego de recibir a la Asociación de Abogados Litigantes y "otros grupos" que no se habían recibido durante el trámite de la iniciativa. El diputado añadió que esos grupos hicieron observaciones sobre supuestas afectaciones a sus actividades.
"Ellos nos expusieron una serie de temas que efectivamente podrían estar generando algún vicio de constitucionalidad. Había dos caminos, hacer la consulta o aprobar así y que, luego, quienes se sientan afectados interpongan la acción de inconstitucionalidad", apuntó.
De hecho, para pedir el retiro de las firmas liberacionistas, Luis Paulino Mora fue a la cita de la bancada del PLN, este lunes, junto con representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) y de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
A pesar del retiro del apoyo verdiblanco, la Sala IV no ha llegado a determinar si la falta de firmas hace insostenible el trámite de la consulta, al no cumplirse el requisito constitucional del apoyo suficiente para proceder al estudio del proyecto.
En el Partido Acción Ciudadana (PAC), esperaban la tarde de este martes una respuesta que les permita a los legisladores aprobar el proyecto en segundo debate y, de seguido, informar ante el GAFI sobre el finiquito de ese requisito normativo.
El problema es que, ante el silencio de los magistrados y el juego de las firmas, las sesiones extraordinarias convocadas para discutir ese proyecto de ley, este martes por la noche y el miércoles por la mañana, no se pueden realizar.
La Nación hizo la consulta a la Sala Constitucional. Allí, la periodista informó que, para la consulta, los magistrados están a la espera de la llegada de una copia del expediente y que no se ha emitido ninguna resolución que indique la suspensión del trámite de consulta.
Además, allí se confirmó que el lunes llegó un escrito solicitando el retiro de las firmas, pero que no se ha tomado una decisión al respecto.
Cuando el Gobierno más confiado estaba en que ya no había suficientes firmas para que apoyaran la consulta, asesores de los diputados del G4 (Carmen Quesada, Carlos Hernández, Ligia Fallas y Jorge Arguedas) consiguieron algunas firmas más, para hacer sostenible el reclamo de constitucionalidad, entre ellas la del socialcristiano Rafael Ortiz.
Ortiz, consultado por este medio, aseguró que es el Instituto Costarricense de Notariado (Icoden) el que ha promovido la consulta fuertemente y consiguió apoyo de los disidentes del Frente Amplio y los independientes.
Añadió que, advertido del riesgo de que Costa Rica sea ingresado en la lista de países no cooperantes contra el lavado, mandó retirar su firma. "No duró ni 15 minutos con mi firma, ese documento", alegó.
A las 4 p. m. de este martes, aún no había claridad sobre si el plenario podía entrar a discutir el proyecto en segundo debate. Marco Redondo, del PAC, indicó que esperaba una llamada del magistrado constitucional Luis Fernando Salazar, para saber si había luz verde.
