EscucharLa intensificación de la campaña electoral a lo largo de este año restringirá la capacidad de maniobra del Gobierno, al tiempo que lo obligará a tender sólidos puentes de negociación con diferentes sectores nacionales.
La administración Rodríguez Echeverría no podrá fijarse una ambiciosa agenda de metas que incluya a las grandes reformas impulsadas desde el inicio de sus labores, el 8 de mayo de 1998, opinan analistas y políticos consultados por La Nación .
A lo sumo, el Poder Ejecutivo tendría la oportunidad de amarrar iniciativas pendientes de aprobación desde el año pasado, como lo son el proyecto de Ley de simplificación y eficiencia tributaria y los relacionados con seguridad ciudadana. (Vea recuadro aparte).
También, podría impulsar los consensos alrededor de otras iniciativas de su interés, pero sin ignorar que la dinámica electoral tampoco prometerá mucho.
Este es el caso de una apertura parcial en telecomunicaciones y energía, el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las reformas legales a la administración pública y posibles soluciones a la deuda interna.
El margen de acción del Ejecutivo será reducido y estará condicionado por el quehacer de las fuerzas políticas en pugna, sostiene Jaime Ordóñez, director de la cátedra de Teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y analista político.
"Las grandes reformas en materia de activos estatales, apertura, modernización, reducción de la deuda interna y otros no fueron ejecutadas en su oportunidad, y es claro que no existe ninguna posibilidad de ser comprendidas en los 15 meses restantes (de Gobierno)", agrega.
La tajante afirmación también la comparte el politólogo César Zúñiga, de la UCR, quien explica que la dificultad se debe, en parte, a que los temas se politizarán electoralmente.
Mientras, Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), cree que la lucha electoral amarrará la estrategia gubernamental.
"Cualquier reforma que se presente será tímida. El país no quiere cambios profundos", asevera.
Sin embargo, el presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, confía en que los fuegos electorales presentes hasta en el seno de su gabinete no repercutirán en la labor de la administración. (Vea entrevista aparte).
Lo complicado
Zúñiga considera que continuar presionando por una apertura sea cual sea su magnitud en energía y telecomunicaciones no será viable, debido a la férrea oposición que el tema despertó el año pasado y al desgaste que le provocó al Gobierno.
"La administración se ha matriculado mucho con el tema del ICE. No sería prudente que siga reiterando con estas reformas, las cuales son difíciles de imaginar sin sus repercusiones político-legislativas", afirma.
Pero el Ejecutivo insistirá en la discusión de estos proyectos. En última instancia, continuará la ejecución de los cambios que pueda dirigir desde el ICE por la vía administrativa, sin perder de vista los consensos con los sectores laborales.
Para el diputado Álex Sibaja, jefe de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), es factible aprobar una apertura en el servicio de Internet, siempre y cuando este sea gratuito.
Mientras, José Manuel Núñez, legislador de Fuerza Democrática, opina que esto será difícil, excepto que sea acordado con los sindicatos del ICE.
Lo que sí es un hecho es que cualquier intento en esta dirección deberá partir de las recomendaciones consensuadas, incluidas en los dictámenes legislativos elaborados por los grupos que estudiaron el tema en una comisión especial, el año pasado.
"Mi opinión personal es que no creo que se logre mucho más en energía y telecomunicaciones", admite Rolando Laclé, asesor del Gobierno.
Mejores posibilidades
Aunque poseen un fuerte componente polémico, sectores del espectro político nacional opinan que los proyectos de reforma del Estado y otras iniciativas sobre deuda interna podrían tener buen ambiente político, si son manejados hábilmente.
Pero el momento más oportuno para una posible aprobación de estos sería después del 3 de junio, cuando el PLN elija a su candidato presidencial, figura que eventualmente se convertiría en el interlocutor de la principal fuerza de oposición con el Gobierno.
El Poder Ejecutivo enviará, en enero, un conjunto de reformas a la Ley general de administración pública y a la Ley orgánica de la Contraloría General de la República , con el propósito de reforzar su conducción política.
"El Gobierno ha pensado en reforma del Estado. Creo que no debería contaminarse con temas de la campaña, pero tienen buen espacio para su discusión", expresa Sibaja.
Otto Guevara, legislador del Movimiento Libertario, asegura que estas propuestas podrían aprobarse, pero después de las elecciones nacionales, en febrero del próximo año.
Guevara efectúa un vaticinio similar con respecto a los planteamientos orientados a atacar la deuda interna.
Por su parte, Sibaja adelanta que ha recibido comunicación de niveles superiores del PLN en el sentido de que existe interés de tramitar proyectos relacionados con la reducción de la deuda pública.
"No queremos la mera discusión, sino que se tomen las decisiones", dice.
Esto, pese a que los politólogos Ordóñez y Zúñiga consideran que la oportunidad política para conocer este tema ya pasó.
A lo seguro
El asesor gubernamental, Rolando Laclé estima que el Gobierno deberá intensificar sus esfuerzos, a principios de este año para sacar adelante el plan tributario y las iniciativas de seguridad ciudadana, aún en el Congreso.
Pero reitera que deben construirse los consensos. "La verdad es que el Gobierno no puede solo porque no tiene mayoría", dice.
En círculos legislativos, se considera que la agenda de seguridad es ambiciosa, pero se augura la aprobación de la mayor parte de los proyectos que el Ejecutivo propuso en esta materia.
"Son iniciativas que están caminando a un ritmo normal. Creo que saldrán completas", afirma el diputado Sibaja.
Sin embargo, se esperan dificultades con la tramitación del plan que penaliza la violencia doméstica y la creación y financiamiento de la policía municipal.
