EscucharEn su propuesta para ordenar el empleo público, el Gobierno propone subirles los salarios a los diputados, los ministros y los viceministros, a la vez que les recortaría la remuneración mensual a los magistrados, al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al procurador general y a la contralora general de la República.
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El planteamiento está incluido en el borrador de Proyecto de Ley de Ordenamiento del Empleo Público Costarricense y sería el efecto directo de establecer un salario único para los jerarcas estatales, con base en el salario más bajo de la escala de sueldos de la Administración Pública.
Específicamente, se trata de establecer cinco categorías salariales para los jerarcas públicos, con un salario específico para cada una de ellas.
La fijación de un salario único para los jerarcas también le aumentaría el sueldo al presidente de la República, que actualmente gana ¢5 millones y, de aprobarse la reforma legal, pasaría a tener una remuneración de ¢7,7 millones, o sea, un aumento de ¢2,7 millones.
Por debajo del mandatario, los vicepresidentes, los presidentes de los supremos poderes (Legislativo y Judicial) y el del TSE ganarían ¢6,7 millones; mientras tanto, los ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y diputados ganarían ¢4,9 millones.
En este caso, mientras que los miembros del gabinete y los diputados subirían de categoría salarial, los magistrados recibirían una remuneración menor.
El salario promedio de los ministros es, actualmente, de ¢2,6 millones, y subiría a ¢4,9 millones; los legisladores preciben, entre dietas y gastos de representación, ¢3,84 millones, y también incrementarían hasta los ¢4,9 millones.
En el caso de los magistrados, hoy sus salarios oscilan entre los ¢7,3 millones y los ¢9,3 millones. Sin embargo, si se aprobara la iniciativa propuesta para ordenar el empleo público, los nuevos magistrados no podrían ganar más de ¢4,9 millones. Eso significaría un recorte de hasta ¢4,3 millones.
También serían reducidos los salarios para puestos como el del presidente del TSE, que actualmente tiene un sueldo de ¢8,3 millones, y quedaría en ¢6,7 millones.
Por tratarse de una ley que reduciría los parámetros salariales, establece una norma transitoria que impide recortar abruptamente los salarios de los jerarcas; sin embargo, en el caso de los sueldos que tendrían un aumento, sí se aplicaría una vez que se apruebe y publique la ley.
La propuesta de salario único fue impulsada, originalmente, por el Movimiento Libertario, pero en ella se pretendía que el parámetro para los salarios de los jerarcas fuera la remuneración total mensual de los diputados (¢3,84 millones), de forma que el presidente ganara dos veces el salario de un diputado, los ministros un salario igual al del legislador y los viceministros un 80% del salario legislativo.
Pese a que la propuesta salió de Casa Presidencial, a las 10 de la mañana de este martes 6 de junio, el presidente Luis Guillermo Solís afirmó que estaba en contra del aumento. Solís desautorizó el proyecto y dijo que no le consultaron en Casa Presidencial sobre esto.
Tope a los salarios más altos
Por otra parte, la propuesta gubernamental establece que los salarios de los empleados públicos no pueden superar los 20 salarios más bajos de la escala del Servicio Civil, o sea, ¢5,16 millones.
Aunque ese tope salarial no aplicaría para los funcionarios que actualmente están por encima de ese techo, en el sentido de que no podrían recortarse esos salarios, sí funcionaría como un parámetro para impedir que sus salarios crezcan por encima de la inflación.
Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo está fusionando las propuestas del Frente Amplio (FA) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que desde hace una semana y media tienen en consulta con las fracciones legislativas.
En el caso del FA, ellos proponían un tope a los salarios más altos del sector público de ¢5,5 millones, mientras que la Unidad quería fijar el techo salarial en ¢5,3 millones.
La Nación les consultó a varios jefes de fracción, pero el borrador de la propuesta del Gobierno aún no llega a manos de las diferentes bancadas legislativas.
Proyecto único
El proyecto de ley para ordenar el empleo público es una propuesta unificada que les hace el Gobierno a las fracciones legislativas, donde integraría regulaciones a dos pluses salariales: prohibición al ejercicio liberal de la profesión y dedicación exclusiva, así como la normativa para establecer un tope a los salarios más altos del sector público y el salario único para los jerarcas.
Pese a que todavía los legisladores no conocen la propuesta integral del Gobierno, ya en algunos diputados hay malestar porque no se incluyó una regulación a la entrega de los incentivos por buen desempeño, o sea, las anualidades.
Una de ellas es la diputada liberacionista y exministra de Trabajo, Sandra Piszk, quien alegó que "al no venir nada sobre anualidades en la propuesta (tal como reconoció el viceministro de Presidencia, Luis Paulino Mora), se pierde la posibilidad de acabar con las mayores desigualdades entre funcionarios del Gobierno Central y las instituciones autónomas, y además se pierde en lo referente a la evaluación".
Mora explicó a este medio, la semana pasada, que los reparos sobre la reforma al sistema de pago de anualidades provienen del Frente Amplio.
Originalmente, el Poder Ejecutivo puso a consulta dos proyectos sobre anualidades. Uno era del Ministerio de Planificación y Política Económica para fijar como porcentaje máximo del pago por ese incentivo hasta un 2,54%, solo para los empleados que sean calificados como 'muy buenos' y 'excelentes'.
Actualmente, hay instituciones del sector descentralizado que pagan anualidades de hasta un 6% o un 9% y entran, incluso, los funcionarios que reciben una calificación de 'buenos'.
Además, ese es el incentivo que implica un mayor gasto público, pues hoy se le paga al 99,9% de los empleados estatales.
Para este 2017, por ejemplo, se presupuestaron ¢281.000 millones para pagar las anualidades del Gobierno Central, o sea, el equivalente a un tercio de lo que se presupuesta para salarios.
Además del proyecto del Mideplán, quedaría por fuera de la propuesta única del Ejecutivo una del Movimiento Libertario para pagarles el incentivo por buen desempeño únicamente a un 20% de los empleados que sean calificados como excelentes.
Para Rosibel Ramos, del PUSC, no es comprensible que la Casa Presidencial deje por fuera de la discusión la regulación de las anualidades, precisamente por ser de los que más incrementan el gasto.
"Eso es como un tema básico, lo de las anualidades. Es lo que le ha dado vida al proyecto (sobre empleo público), es el tema más importante para entrar a la discusión, porque queda claro que es uno de los incentivos que más incrementan el gasto", comentó Ramos.
A criterio del jefe de la fracción del Frente Amplio, Francisco Camacho, hay que revisar si existe abuso o no en los pagos por buen desempeño, y si lo hubiere, revisar cuál es la propuesta.
"Si no hay abuso, entonces seguiremos defendiendo los salarios públicos, porque hay diferentes cargas salariales, diferentes profesiones y hay que revisar la carga de los trabajadores, porque no son máquinas, tienen derechos adquiridos por años", comentó Camacho.
El frenteamplista añadió que, a criterio del FA, las anualidades son un derecho adquirido y lo que se tendría que revisar es el porcentaje en que se le asigne ese incentivo a cada trabajador. "Nadie está hablando de eliminar las anualidades, sino de regularlas. Para nosotros, el salario de los trabajadores es intocable, públicos y privados, más bien hay que aumentarles", dijo el frenteamplista.
