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El Gobierno aseguró ayer que tomará medidas para evitar la paralización de los puertos de Limón y Moín, en caso de que los muelleros apliquen tortuguismo.
La protesta se “iniciará en cualquier momento”, informó el Sindicato de Japdeva (Sintrajap), mientras Ronaldo Blear, secretario general de la organización, dijo que actuarán por sorpresa.
Antenoche, Sintrajap acordó reducir su ritmo de trabajo como medida de presión para exigir el pago de ¢450 millones por concepto de beneficios laborales.
En tanto, Marco Vargas, ministro de Coordinación Institucional, declaró: “El Gobierno tiene que velar porque no se interrumpan los servicios. En el momento en que se interrumpan el Gobierno tomará las medidas para evitar eso (la paralización)”.
En dos ocasiones anteriores la Policía intervino en Limón para restablecer la labor portuaria.
Ayer los muelles trabajaron con normalidad, según la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
En Moín operaron tres barcos y en Limón ninguno. Para hoy se espera en Moín la llegada de uno de los buques bananeros más grandes del mundo, capaz de cargar un millón de cajas de banano.
Sintrajap reclama el pago en efectivo de un conjunto de beneficios establecidos en la convención colectiva de Japdeva. Uno de esos es, por ejemplo, subir de un 5% a un 8% los aportes patronales al fondo de ahorro de cada trabajador, de acuerdo con su salario mensual.
Desde el 2003 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos impidió pagar los beneficios con los ingresos de las tarifas portuarias pues los consideró excesivos.
El año pasado el gobierno del entonces presidente Abel Pacheco pagó ¢400 millones a los muelleros mediante un mecanismo alterno.
Pacheco pidió a los productores bananeros girar dinero del impuesto al banano a la Diócesis de Limón que, a su vez, envió el dinero a las cuentas de los trabajadores. Pacheco pagó los beneficios del período 2003-2004. El actual Gobierno del presidente Óscar Arias se comprometió a pagar los del 2005.
Vía legal. Sin embargo, la administración de Arias sostiene que solo pagará si encuentra una vía legal.
“El Gobierno ha sido muy transparente. Desde que iniciamos hicimos ver que el Gobierno reconoce la deuda, pero también que solo hará el pago si se encuentra un mecanismo legal”, comentó Vargas.
La administración propone al sindicato continuar mañana la búsqueda de la solución para pagar. Para ello se explorará una salida en la Asamblea Legislativa.
“Si logramos un mecanismo que nos permita cumplir con el compromiso, esperaría que las medidas de presión no se hagan realidad”, añadió el Ministro.
Helmunt Dorsan, vicepresidente de la Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE), dijo que para las compañías navieras es muy difícil evitar los posibles perjuicios de una protesta en el puerto más importante del país.
“Este tipo de agresiones al comercio ya son tan frecuentes que uno no sabe qué hacer. A mí me da pena llamar y decir otra vez que tenemos amenazas de tortuguismo”, declaró Dorsan.
