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Los gremios judiciales están dispuestos a aceptar un recorte mayor a las pensiones del Poder Judicial que el defendido por la cúpula de la institución: los 22 magistrados.
Esta mañana, las organizaciones laborales propusieron a los diputados dos reformas clave:
-Fijar un tope de ¢4,7 millones a las nuevas pensiones (hoy se otorgan hasta por ¢9 millones)
-Cobrar un aporte solidario a las jubilaciones que hoy sobrepasen los ¢4,7 millones, el cual equivaldría a un 20% sobre el exceso de ese monto, dejando abierta la puerta para llevar esa contribución hasta un 50% si estudios actuariales lo consideren necesario.
La declaración la hicieron tres representantes del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, en la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
Adriana Orocú, de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud); Jorge Morales, del Sindicato de la Judicatura, y Hernán Campos, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, enfatizaron en las diferencias que los gremios tienen con los magistrados, en el proyecto de reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Los diputados quieren cambiar el régimen por el costo que implica para el Estado. El sistema otorga ventajas como la posibilidad de pensionarse con solo 30 años de labor y recibir de pensión el promedio de los últimos 24 mejores salarios (la CCSS, en cambio, otorga el promedio los últimos 240 sueldos a la mayoría de la población).
A diferencia de los gremios, los magistrados aceptan lo siguiente:
-Un tope de ¢7,5 millones para las nuevas pensiones
-Una contribución solidaria del 20% para las pensiones que superen ese monto, sobre el exceso, pero descontando el 11% que ya hoy aportan obligatoriamente sobre la pensión bruta
Los gremios tienen una clara diferencia con los magistrados en ese último punto, pues consideran que el aporte adicional no puede mezclarse con el 11% de cotización obligatoria y que ambos deben pagarse por aparte. Adriana Orocú argumentó que no hay punto de comparación porque el 11% se calcula sobre el monto total y la contribución solidaria sobre el exceso a partir del tope.
La principal disputa es, entonces, que los trabajadores defienden un tope de ¢4,7 millones y los magistrados uno de ¢7,5 millones (75% de la pensión más alta pagada por el Poder Judicial, que es de ¢10 millones).
"Esto no es realmente un tope, es un tope de mentirillas", dijo Morales, del Sindicato de la Judicatura, a los diputados.
La propuesta gremial también se diferencia de la defendida por Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema y los demás 21 magistrados, en la administración del fondo, porque las organizaciones quieren ponerlo en manos de una junta administradora y la cúpula prefiere dejarlo en manos del Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial.
"Lo que pretendemos es que el sistema se vuelva un tanto solidario, porque este sistema no lo es", aseguró Morales.
Según los datos presentados por los voceros de los trabajadores, que dijeron representar 22 organizaciones gremiales (excepto la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, Anejud), hay 40 personas cuyas pensiones o jubilaciones están entre los ¢5 y los ¢9,5 millones.
La mayoría de los jubilados (1.967 personas) tienen pensiones que van de los ¢175.000 a los ¢1,5 millones.
Ese Frente Gremial, con la representación del 98% de los trabajadores judiciales, está a favor de fijar un tope de pensiones mucho menor que el apoyado por los magistrados.
Orocú enfatizó que también tienen una fuerte diferencia en la administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
"Tenemos una de las aportaciones más altas de todos los fondos de jubilaciones y, por ley, la obligación de aportar al fondo incluso después de jubilados. Estas variables se deben considerar a la hora de tomar las decisiones y ver con un mayor prisma", les dijo Orocú a los diputados.
La Corte se niega a crear una Junta Administradora, pues quiere mantener las decisiones en el seno del Consejo Superior, pero los gremios exigen mayor representatividad de los funcionarios, con una mayoría de asientos en el órgano que están proponiendo crear.
Para Morales, hay un alto porcentaje de acuerdo entre las propuestas de los magistrados y de los trabajadores. "No estamos agarrados del moño, queremos lo mejor para la institución", aseguró. Añadió que no ha habido una administración fraudulenta del fondo jubilatorio, sino una mala administración.
Entre las nuevas condiciones para jubilarse por este régimen están el establecimiento de la edad jubilatoria en 62 años para hombres y 60 para mujeres. Además, el monto de la jubilación para personal nuevo equivaldría al promedio de los últimos 120 salarios (10 años) del trabajador.
Además, las reformas que se introducirían no aplicarían para los funcionarios que, a la hora de entrada en vigencia de la ley, tengan 20 años o más de laborar para el Poder Judicial, en el caso de la edad y del cálculo de la pensión, pero sí se les aplicaría el tope.
En cuanto a los que tienen menos de 20 años como funcionarios, se les haría cálculos diferenciados a la hora de fijar el monto de la pensión:
-A los trabajadores con menos de 10 años de servicio se les calcularía con base en los últimos 96 salarios (ocho años)
-A los que tienen de 10 a 15 años, el cálculo sería con los últimos 72.
-A los que tienen de 15 a 20 años allí, tendrían una pensión igual al promedio de los últimos 48 salarios, traídos a valor presente.
