EscucharUna manifestación poco usual se vio ayer en el corazón de San José.
Un centenar de personas, en su mayoría hombres, salió a la calle para pedir igualdad de trato en sus responsabilidades como padres.
Ellos reclaman ser víctimas de maltrato por parte de su exparejas, pero también de un marco legal y un sistema judicial inclinado hacia la defensa y protección de la mujer.
Por ello, los afectados claman por una pronta reforma a la Ley de Pensiones Alimentarias.
Wendel Sequeira, un informático vecino de Goicoechea, acudió a la marcha inspirado por su hija.
“Tengo tres años y medio peleando por mi hija de seis años. La mamá la abandonó y la dejó con la abuela, quien me ha prohibido acercarme. Llevo cinco meses sin verla”, reclamó Sequeira, quien, a pesar de tener un trabajo estable y una familia para acoger a la pequeña, no ha logrado una resolución del Juzgado de Familia.
Para Eugenia Quesada, representante de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre, organizadora del evento, la reforma a la Ley de Pensiones Alimentarias daría respuesta a muchas de las demandas planteadas por los afectados.
“Nosotros queremos instruir al señor presidente de la República (Luis Guillermo Solís), quien en campaña dijo que las pensiones se pagan y punto. Queremos contarle de las excepciones que hay y por lo cual muchos hombres no pueden pagar la pensión alimentaria. Por ejemplo, los enfermos en fase terminal van a la cárcel por no pagar el monto fijado”, comentó.
Otro problema, añadió, es la lentitud con que se resuelven los rebajos de pensión pues, aunque la ley habla de dos meses, los tribunales tardan más de un año. En ese tiempo se van acumulando las deudas.
Los afectados piden, además, apoyo institucional, pues aseguran que, a pesar de que ejercen la paternidad responsable al cumplir con sus obligaciones, eso no les garantiza el derecho a ver a sus hijos y pasar tiempo con ellos.
No obstante, el proyecto de reforma a las pensiones alimentarias, presentado en la administración anterior por el diputado socialcristiano José Roberto Rodríguez, está en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
La diputada Emilia Molina, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que desconocía en qué lugar de la agenda de Jurídicos está ese texto.
“Soy del criterio de que las pensiones deben pagarse. Lo que no está bien es que encarcelen a quienes no pagan porque se convierte en un círculo vicioso”, dijo la diputada.
Agregó que los padres deben cumplir con esa obligación para garantizar los derechos de los menores a alimentación, salud y educación, “y creo que eso fue lo que expresó don Luis Guillermo”.
