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A José Antonio Mendoza Mendoza –alias Rambo– los 436 años que le impusieron por seis homicidios, 30 asaltos y cuatro malogrados asesinatos no alcanzaron para frenar su carrera delictiva.
Meses después de recuperar su libertad (por tecnicismos legales descontó solo 15 años de cárcel), Rambo regresó a prisión.
Desde julio pasado, este nicaragüense figura como sospechoso de asesinar a sangre fría a un policía en el puesto de la carretera de Tuba Creek, Limón.
Mendoza había recibido desde 1987 estatus de refugiado tras su participación en el conflicto bélico de Nicaragua.
De esa misma condición gozaban cuatro extranjeros detenidos en diciembre por enviar cocaína a Estados Unidos.
Hernando Vanegas Tolozo, un supuesto contacto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también vivió aquí siete años protegido bajo la condición de refugiado.
Así como ellos, decenas de personas que recibieron ese estatus figuran en pesquisas por hechos delictivos, tal como lo advirtió el exjefe de la Policía Metropolitana, Eduardo Guzmán, a las autoridades migratorias.
“Comenzamos a notar ese fenómeno a partir del 2004. Deteníamos extranjeros en San José y resultaban refugiados. Al anterior director de Migración (Marco Badilla) le advertimos que eran necesarios mejores filtros al conceder esa condición”, explicó.
Vulnerable. El actual director de esa dependencia, Mario Zamora, reconoció que el sistema de evaluación del refugio es vulnerable, pues aunque favorece en su mayoría a personas que huyeron de sus países por razones políticas, también ha servido como un portillo para el ingreso de sujetos con intereses delictivos.
“En el país hay 13.000 refugiados; yo diría que no más de 100 forman parte del escenario criminal”, consideró Zamora.
Durante el 2005, la Policía Metropolitana sorprendió a 17 refugiados en actividades delictivas en el centro de San José.
En otras partes del territorio nacional, otros refugiados cayeron por trasegar drogas, vender pasaportes, matar por contrato, sustraer equipajes, asaltar a mano armada y timar.
“Esto demuestra una desnaturalización de la figura del refugio. En la medida en que los sistemas de protección de derechos se prostituyen, terminan por convertirse en la antítesis del objetivo por el que fueron creados”, comentó el director de Migración.
A Zamora, sus homólogos de Centroamérica le advirtieron que con frecuencia en sus países son detenidos extranjeros abrigados por el estatus de refugio en territorio costarricense.
Experiencia previa. “Yo dudo mucho que esas personas aprendan a delinquir en nuestro país; es gente que ya viene con alguna experiencia delictiva.
“Una vez que reciben el estatus, nadie da seguimiento a sus casos ni se pregunta: ¿qué hacen para subsistir?”, cuestionó el excomandante Eduardo Guzmán.
En el país viven refugiados de Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y Venezuela. “María”, una colombiana refugiada, lamentó el daño que tales actividades delictivas causan entre los movilizados.
“He tenido que salir adelante con mucho esfuerzo. Me da mucha tristeza que estas cosas pasen porque nos hacen quedar muy mal.
“Esto daña la imagen de Colombia y de las personas que la pulsean para mandar unos pesos a sus familias”, concluyó esta estilista, nacida en una familia de Ibagué, capital del departamento de Tolima.
