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La resolución del TSE que ahora les permite a los partidos políticos cobrar facturas no timbradas al Estado preocupa mucho al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pues su director, Guillermo Araya, considera que se abrió un portillo para el ingreso de dinero ilícito en las campañas políticas.
Así lo explicó el jerarca del ICD a La Nación esta mañana, al consultársele sobre las implicaciones de que los partidos puedan presentar cualquier recibo para cobrarle los gastos en que incurran al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Antes, se exigía factura timbrada, es decir, autorizada por el Ministerio de Hacienda, lo que a su vez permite controlar el pago de impuestos.
Según el esquema de riesgo planteado por Araya, la eliminación del requisito abre la puerta para que lavadores de dinero de origen criminal busquen testaferros, sin empleo, ni compañías, que se hagan pasar por proveedores de partidos políticos en servicios como transporte, alimentación, locales o publicidad.
Si el partido le paga el servicio y luego el TSE se lo reconoce en la liquidación de los gastos electorales, el lavador logra legitimar sus ingresos.
"A nosotros nos preocupa, porque con ese portillo se pueden abrir casos de simulación de gastos, cobrar materiales que nunca se elaboraron, alimentación que nunca se dio, actividades que nunca tuvieron lugar, y el TSE va a aportar esos dineros", explicó Guillermo Araya.
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La resolución a que se refiere el ICD es la n.° 2452-E10-2017, dictada el 19 de abril, ante una gestión del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), bajo el argumento de que los comprobantes de pago no autorizados por Hacienda tienen la misma validez probatoria que los que sí cuentan con ese aval tributario y, por ende, pueden ser reembolsados con recursos de la deuda política.
De hecho, Araya envió este miércoles una carta a los magistrados electorales, en la que les pregunta los razonamientos utilizados para tomar la decisión de suavizar las reglas de liquidación de gastos. Además, el director del ICD comentó que pedirá un espacio en la reunión que sostendrá el ministro de Hacienda, Helio Fallas, esta tarde con los magistrados del TSE.
"Somos respetuosos de la independencia de los poderes de la República y sabemos que el Tribunal Electoral es el cuarto poder, pero nos llama mucho la atención, por el trabajo conjunto que se había estado haciendo", dijo Araya.
LEA AQUÍ la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones
Este medio solicitó un criterio al TSE sobre lo expuesto por el ICD. Informó de que se referirá al asunto el jueves.
Según los jueces electorales, la obligatoriedad de tener facturas timbradas por parte de Tributación es exclusiva del proveedor y no del partido que contrata los bienes y servicios.
"Estamos enviando un oficio para que nos justifiquen los argumentos, específicamente el punto en que se establece que para ciertos pagos o transacciones no es necesaria la factura timbrada", añadió el director del Instituto sobre Drogas.
Según Araya, hay "mucho riesgo y mucha posibilidad" de que grupos de delincuencia organizada puedan usar ese portillo para penetrar dinero que luego será liquidado por el TSE a los partidos.
El ICD se guarda de asegurar que haya partidos políticos ya vinculados con el crimen organizado, pero es una cuestión de prevención. "Hay que cerrar todos los portillos", dijo el jerarca del Instituto.
La principal preocupación de la entidad, encargada de vigilar la aplicación de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, es que ya hace un año se le había pedido al TSE mejorar sus gestiones y controles para combatir el lavado de dinero ilícito.
"Costa Rica hizo un ejercicio, hace cuatro años, bajo un enfoque de riesgos, donde participó el TSE y se visualizaron todos los posibles riesgos por parte del crimen organizado", comentó Araya.
