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El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) investiga a 18 funcionarios por irregularidades en el otorgamiento de propiedades en asentamientos agrícolas en el cantón de Orotina, en Alajuela.
Los hechos se relacionan con el complejo Coyolar, una finca de 40.000 hectáreas, con unas 8.000 propiedades en las que supuestamente algunos funcionarios del IDA y sus familiares se beneficiaron de la falta de control para adjudicarse tierras sin derecho.
Las adjudicaciones de lotes y granjas se tramitaron en las oficinas donde laboraban los beneficiarios entre los años 1995 y 1999.
Los funcionarios investigados aún laboran y no se ha abierto ninguna causa penal contra ellos.
Marco Vinicio Cordero, presidente ejecutivo del IDA, dijo que las investigaciones son parte de un proceso en el cual apenas se han estudiado cinco asentamientos de dicha zona y se han levantado 302 expedientes de posibles casos.
Cordero agregó que la investigación la hacen funcionarios del IDA de varias regiones del país.
También se indaga la adjudicación de lotes a funcionarios del Instituto, en 1995, en Cariari, Limón.
Si bien Cordero dijo que no se han determinado cuántos extrabajadores están involucrados, ya se adoptaron medidas. Entre ellas, se establecerá una demanda civil para recuperar el valor de las propiedades y determinar el daño que sufrió el Estado en su patrimonio.
Además, se iniciaron los procedimientos administrativos para recuperar los terrenos que fueron mal adjudicados.
Otro de los casos investigados es el del asentamiento El Manú, en Sarapiquí, Heredia.
En abril, la Contraloría denunció una actitud permisiva y una gestión poco efectiva del IDA en la compra y repartición de las tierras de dicho asentamiento.
El jerarca del IDA señaló que se solicitó un órgano director para que determinara la veracidad de los hechos y el monto realmente cancelado por la propiedad.
Ese órgano ya finalizó su investigación y está sentando las responsabilidades, añadió.
Por último, el IDA investiga el caso de una vivienda de su propiedad ubicada en Horquetas de Sarapiquí y que es habitada por una secretaria de esta entidad.
También la adjudicación de una parcela a un funcionario de esa misma zona.
