Escuchar
El presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, lamentó ayer que su compañero de fracción, Federico Tinoco, haya obviado en su mensaje renunciar a la inmunidad de diputado y dejar la curul mientras la Asamblea Legislativa indaga una denuncia en su contra por acoso sexual.
“Todavía no llega el momento en que se necesite que él renuncie a la inmunidad, pero eso hubiera sido tranquilizante”, dijo a La Nación Pacheco, tras el escueto comunicado de prensa distribuido antenoche por Tinoco.
En el mensaje, Tinoco descartó haber cometido “cualquier acto indebido o reprochable”, pero omitió responder planteamientos para que ofrezca despojarse de su inmunidad y dejar de ejercer como diputado durante las indagaciones, como le han pedido compañeros del Congreso y el propio presidente de la República, Óscar Arias, quien lo postuló al cargo de diputado.
“No he cambiado de criterio. Le sigo aconsejando que tome distancia unos días, pero él tiene libertad plena de decidir y hay que respetar su condición de diputado”, afirmó Pacheco.
La jefa de fracción de los oficialistas, Mayi Antillón, no respondió ayer llamadas a su celular y casa.
Tinoco fue denunciado el jueves por una exasesora a quien él despidió en este mes. Ella relató que el liberacionista intentó besarla a la fuerza y meterla a una habitación durante una gira en Limón.
15 días. Pacheco evitó ayer pronunciarse sobre qué hará el Congreso con la inmunidad de Tinoco, pues prefirió esperar las conclusiones de una investigación sobre el caso, encargada a un “órgano director”.
El Directorio otorgó un plazo de 15 días naturales, a partir de un día de esta semana, aún por definir.
Los jefes de las fracciones legislativas acordaron que los integrantes del “órgano director” sean ajenos al Congreso. Sus nombres son aún objeto de estudio, informó Francisco Antonio Pacheco.
La denunciante dijo anteayer que está dispuesta a llevar el caso a los Tribunales de Justicia, a pesar de que el presidente Arias opinó que “ese es un tema en el que ya deberíamos pasar la página”.
Al Poder Ejecutivo le preocupa que la discusión por el supuesto acoso acapare la atención y relegue proyectos legislativos considerados prioritarios.
