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La presidenta de la República, Laura Chinchilla, evaluó el manejo que hicieron las autoridades costarricenses de la refinería con China y eximió de culpa, al menos de momento, a René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Mares.
En vez de eso, prefirió tirar la pelota en la cancha de la Contraloría General de la República (CGR) y quedar a la espera de su decisión.
“La Contraloría tiene que terminar de establecer responsabilidades. En el caso de don René Castro, ni él solicitó el estudio de factibilidad ni tampoco lo recibió”, apuntó la mandataria en el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde asistió a una actividad.
La presidenta salió así al paso de críticas de diversos sectores –alguno incluso dentro de su partido– que exigen la renuncia de Castro, quien también se desempeña como vicepresidente de la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Chinchilla aseguró que las autoridades de Recope asumieron un rol vital al solicitar una doble verificación del estudio de factibilidad.
Además, la mandataria respaldó la posición de René Castro de solicitarle a la Refinadora un plan B que tendría que presentarse “con amplísimos criterios”.
La presidenta apuntó, tras revisar las decisiones y órdenes que han emanado de la CGR, que es importante que Recope no pague costos que no le correspondan.
Con ella coincidió, en otra actividad, el ministro Castro, quien afirmó que la petrolera china CNPC deberá asumir los costos del estudio de factibilidad, valorado en $1,5 millones.
“Tendremos que informarle al socio que no pasó el filtro de la Contraloría. Le corresponde entonces asumir los costos”, apuntó Castro.
A pesar de las críticas a la refinería con China, la presidenta sostuvo la necesidad de encontrarle una solución a la importación de hidrocarburos terminados.
“Costa Rica no puede permitirse seguir pagando ¢2.200 millones anuales, que es lo que estamos pagando, a transnacionales por la compra de combustible”, señaló la mandataria. Colaboró el periodista Esteban Oviedo
