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Abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, vendedores de piedras preciosas, casinos y organizaciones sin fines de lucro estarán obligadas a rendir cuentas sobre todas aquellas operaciones de sus clientes expuestas a servir de herramienta para el lavado de dinero ilícito o para el financiamiento del terrorismo.
Así lo establece el proyecto de ley 19.951 aprobado este jueves en primer debate, en la Asamblea Legislativa, el cual reforma la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
La reforma modifica varios artículos de esa ley e introduce artículos nuevos, para regular las nuevas obligaciones de ese tipo de actividades profesionales no financieras, que se exponen a las redes de delincuencia organizada y de financiamiento a organizaciones terroristas.
La iniciativa fue centro de la polémica esta semana, pues el diputado Óscar López se negaba a permitir que la iniciativa se votara, para lo cual presentó varias mociones y amenazaba con hablar todo el tiempo que le permitía el Reglamento legislativo.
López, único diputado que tiene el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), aseguró estar molesto porque, supuestamente, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, no le da el lugar que él se merece como jefe de un partido político.
De hecho, el legislador declaró, el martes en el plenario, que su molestia viene de meses atrás, cuando el presidente Solís le canceló una cita que habían fijado y, en cambio, convocó a todos los voceros de las bancadas legislativas el lunes, a las 7 a. m., para solicitarles el apoyo para la iniciativa.
Pero López no fue a esa cita y criticó que se les convocara tan temprano y se les tratara de convencer "con un pinto".
El bloqueo del congresista se acalló este jueves, luego de que el mandatario lo mandara llamar.
Entonces, las dudas de López sobre el trámite legislativo se disiparon, retiró sus mociones y el plan se aprobó casi unánimemente.
El único voto en contra fue de Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quien de hecho solicitó eliminar a los sportsbooks como una de las actividades reguladas y el Gobierno le concedió esa petición.
Específicamente, la iniciativa legal obliga a los profesionales liberales y comerciantes referidos a mantener políticas de "conozca a su cliente", inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y, con los criterios establecidos en la ley, reportar ante el Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aquellas operaciones sospechosas de lavado o financiamiento para el terrorismo.
Las obligaciones específicas de abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, casinos y organizaciones sin fines de lucro son las siguientes:
-Identificación de clientes y debida diligencia del cliente cuando establezcan relaciones comerciales con él.
-Mantenimiento y disponibilidad de información de los registros de transacciones con el cliente.
-Disposiciones y controles sobre las personas expuestas, definidas en los términos de la ley.
-Controles sobre los riesgos de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir por nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas prácticas comerciales.
-Controles cuando exista delegación en terceros para que realicen la identificación del cliente, identificación del beneficiario final y el propósito de la relación comercial.
-Controles contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo cuando existan sucursales y filiales extranjeras.
-Controles cuando existan relaciones comerciales y transacciones con personas físicas o jurídicas e instituciones financieras con países catalogados de riesgo por organismos internacionales.
-Establecer mecanismos de reporte de operaciones sospechosas sin demora, en forma confidencial, a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, incluyendo los intentos de realizar esas operaciones.
-Implementar y asegurar procedimientos de confidencialidad cuando se entregan, a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, reportes de operaciones sospechosas.
Las obligaciones aplican para los abogados en tanto funjan como administradores de bienes de terceros y para notarios que hagan trámites de compra venta de bienes inmuebles.
Con la iniciativa aprobada en primer debate, varios funcionarios del Gobierno irán el próximo martes 25 de abril a reportar, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos avances del país en la regulación para el combate al lavado de capitales y del financiamiento al terrorismo.
No cumplir con la implementación de esas herramientas legales contra actividades riesgosas exponía al Estado de Costa Rica a ser incluido en una lista gris de países no cooperantes en el combate a esas actividades irregulares, donde están Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.
"La formulación de estrategias eficaces de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo demanda la identificación y atención de aquellas actividades vulnerables para legitimar capitales. Los estándares internacionales exigen legislación y controles para prevenir estos delitos", dijo Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), satisfecho por la aprobación de la iniciativa.
El GAFI es un organismo internacional adscrito al G20 (foro de los países más industrializados y los emergentes), encargado de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ese órgano emite 40 recomendaciones internacionales y evalúa el cumplimiento de esas recomendaciones en todos los países.
