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El Ministerio de Educación Pública (MEP) gira unos ¢7.000 millones al año para pagar la planilla de centros educativos privados sin saber con exactitud cuánto destina a cada institución y si se justifica esa ayuda.
Debido a este descontrol, la Contraloría General de la República y el propio MEP temen que este millonario subsidio esté llegando a escuelas o colegios con suficiente solvencia económica.
De ser así, la Contraloría estima que el Estado podría estar provocando una distribución desigual de los recursos públicos destinados a la educación, beneficiando a sectores que no requieren de la ayuda estatal.
Así lo hizo ver en un informe emitido en marzo anterior.
Con base en el artículo 80 de la Constitución Política, el Estado debe estimular la iniciativa privada en educación. Por eso, el MEP paga desde hace años el salario a parte del personal docente y administrativo de unas 100 instituciones de educación privada.
En algunos casos no se paga planilla, sino que la ayuda se gira directamente a la institución para que la utilice como quiera.
Los beneficiarios son escuelas y colegios, así como centros de atención integral para personas adultas con discapacidad. La mayoría son dirigidas por organizaciones religiosas.
El ministro de Educación, Leonardo Garnier, comentó ayer que todavía no se conoce con exactitud cuántos estudiantes atienden esos centros.
El año anterior el MEP informó de que había 29 entidades subvencionadas a las cuales asistían 20.000 alumnos. Sin embargo, Garnier explicó que poco a poco han ido apareciendo más centros beneficiarios.
La Contraloría alega que parte del problema es que no existe un marco legal que defina las condiciones que debe cumplir un centro para recibir la subvención.
Desorden. El ente contralor denunció que el MEP no incluye en su presupuesto un detalle de plazas ni los montos destinados a las instituciones subvencionadas.
“Esta situación pone de manifiesto las dificultades que tiene el Ministerio para ejercer un adecuado control sobre los fondos públicos que traslada a los centros educativos privados”, indica el informe de la Contraloría.
El documento, además, consigna que el propio Ministerio admitió que no podía brindar los montos exactos cancelados por concepto del subsidio pues carece de sistemas de información para efectuar cálculos precisos.
En información remitida a la Contraloría, el MEP estimó que en el 2005 se giraron ¢4.700 millones y este año ¢5.200 millones.
Sin embargo, este martes Garnier, informó en una comisión legislativa que el monto anual asciende a unos ¢7.000 millones.
De acuerdo con la Contraloría, la dificultad para identificar el monto de ayuda en el plan de gastos del Ministerio y de los propios centros privados, imposibilita cualquier tipo de control.
En setiembre del 2005 el Consejo de Educación Superior acordó pedir un informe sobre la situación de los centros subvencionados.
El documento debía incluir monto de la ayuda girada en el 2005 y 2006, lista de instituciones, ubicación, población estudiantil total y por niveles, monto de matrícula y mensualidad que se cobra a los alumnos y el número de docentes pagados por el Ministerio.
Primeros pasos. El ministro de Educación afirmó que ya le pidieron a esos centros una declaración jurada con los datos solicitados por el Consejo Superior.
Luego el MEP firmará convenios con cada institución para fijar las reglas del juego.
“Hay muchos centros que merecen la subvención porque hacen un buen trabajo, pero hay que ver si en otros la ayuda no se justifica y por tanto no deberían tenerla”, aseveró Garnier.
