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Aunque ya cumplió 74 años y tiene un derecho de pensión aprobado desde el 2012, por ¢7,7 millones mensuales, el magistrado Jesús Ramírez solicitó a los diputados que lo reelijan por quinta vez consecutiva para ocupar una de las cinco sillas de la Sala III, dedicada a dirimir en alzada las sentencias de los juicios penales.
Ramírez, elegido por primera vez en 1985 para ese puesto, informó a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa su intención de ejercer por un periodo más, con el cual ajustaría 40 años en la magistratura.
Tal como lo establece la Constitución en el artículo 158, los magistrados son elegidos para periodos de ocho años y pueden ser reelegidos indefinidamente.
La carta de Ramírez llegó a manos del presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, el 14 de diciembre y, en ella, él comunicó que había remitido a la Comisión de Nombramientos un informe de labores para estudio de los legisladores.
El nombramiento del magistrado penal se vence el 14 de marzo próximo, pero si la Asamblea no se pronuncia en contra de que siga en el cargo, la reelección se producirá automáticamente.
Para que el Congreso impida la reelección, 38 congresistas tendrían que votar en contra de la intención del magistrado, antes de que se venza el plazo.
Ramírez ocupa, desde el 16 de enero pasado, la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia de forma interina, luego de la jubilación del magistrado José Manuel Arroyo.
Audiencia bloqueada.
Si bien Ramírez expresó en la carta su disposición de asistir a la Comisión de Nombramientos para explicar las razones que lo llevan a buscar la reelección, socialcristianos y liberacionistas se negaron a tal audiencia, pues pretenden darle el visto bueno para su quinto periodo sin escucharlo.
Emilia Molina y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), intentaron darle audiencia al magistrado a través de una moción. Sin embargo, el socialcristiano Jorge Rodríguez, presidente de Nombramientos, insistió en negarse porque dice que él conoce a Ramírez desde hace 40 años y no tiene por qué dudar de su labor.
"(Jesús Ramírez) rindió cuentas a través de un CD que entregó a cada uno de los diputados. Después de meditarlo con mis compañeros, consideramos que no era necesario traerlo y votamos en contra de la moción", dijo Rodríguez este martes en el plenario.
Para Molina, es imposible dar un voto a alguien que rinda cuentas a través de un documento, sin escucharlo y sin cuestionarle por qué quiere acumular 40 años en la silla de magistrado.
"¿Cuál ha sido su tarea en este último periodo, cuáles han sido sus sentencias, qué opina y por qué quiere reelegirse?", son las preguntas que Molina quiere hacerle al magistrado con más años en la Corte Suprema.
Pero la respuesta de el diputado Jorge Rodríguez, ante la declaración de Emilia Molina, llegó con un tono de voz más alto aún.
"Esto es para responderle a doña Emilia y decirle que se va a seguir votando en contra (de darle audiencia al magistrado). No vamos a votar a favor de la moción. Además, deben de saber los diputados que para decirle a un magistrado que no, se necesitan 38 votos. (...) No vamos a ser los miembros de la Comisión de Nombramientos quienes digamos sí o no, conociendo el trabajo de más de cuatro décadas de don Jesús Ramírez, al cual le debo todo el respeto", comentó el socialcristiano.
La Nación intentó conversar, desde el lunes, con el magistrado penal, para conocer las razones para seguir en la magistratura, a sus 74 años. Sin embargo, en la oficina de prensa del Poder Judicial respondieron que "por asuntos de agenda" Ramírez no podría atender una llamada telefónica y solo aceptaría las preguntas por vía de correo electrónico, a lo que este medio se negó.
Luego, por el mismo medio, él comunicó que no se referiría al tema por respeto a la Comisión.
Opinión sobre pensiones.
La última vez que el magistrado Ramírez estuvo en una comisión legislativa fue el 19 de octubre del 2016, para acompañar a la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, en una audiencia ante la Comisión Especial sobre Pensiones.
En esa comparecencia, el diputado oficialista Franklin Corella cuestionó la decisión de la Corte Suprema de elevar el tope del auxilio de cesantía de 8 a 12 años y le consultó a Villanueva quién había presidido la sesión del pleno de los magistrados en que se tomó ese acuerdo.
Presente en ese momento, Jesús Ramírez le indicó a Corella que él había presidido en ese momento la sesión de la Corte y justificó el aumento en los años de cesantía; además, dijo ante la Comisión de Pensiones que él es un abanderado de los derechos de los trabajadores judiciales y justificó la decisión de levantar el tope, a pesar de que había beneficiado a funcionarios "con salarios superiores".
Además, Ramírez también advirtió a los miembros del foro -que aún tienen a despacho la discusión sobre las pensiones judiciales- que se debe pagar más a los jueces para protegerlos ante "el avance del sicariato y el crimen organizado".
"Nosotros tenemos que pagarle un poquito más (a los jueces) para que vayan a Limón y dichosamente hicimos una visita, que lideró doña Zarela, en que prácticamente tenemos saneado, en parte, no podemos decir que en todo, pero la gran mayoría de jueces de Limón ya son gente honorable y tenemos que luchar por esas conquistas", indicó Ramírez en ese momento.
Según el magistrado penal, los diputados deben tomar en cuenta -antes de resolver cambios al sistema jubilatorio del Poder Judicial- que "el país descansa en la honorabilidad del Poder Judicial" y añadió que si este poder "se resquebraja", entonces "la democracia se pierde en Costa Rica".
