La Sala Constitucional ganó terreno en el acatamiento de sus fallos, pero sigue debiendo respecto a la prontitud de su aplicación.
Casi 9 de cada 10 sentencias emitidas por el alto tribunal son acatadas. El problema es que solo un 14% se ejecuta en el plazo ordenado por los magistrados.
El Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible divulgado la semana anterior, lo resume así: en el ámbito constitucional “existe garantía de una justicia cumplida, pero no de una justicia pronta”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión luego de analizar 11.020 condenas emitidas por el tribunal entre el 1.° de octubre de 2009 y el 1.° de mayo de 2013.
A principios del 2009 el acatamiento a la Sala IV aún era bajo: apenas 40% de los fallos emitidos.
Un año más tarde, el cumplimiento subió a 79% de las condenas y aunque en el 2011 tuvo una leve baja (69%), el año anterior volvió a posicionarse para llegar a casi 9 de cada 10.
“Esto destruye un poco el mito de que los fallos de la Sala nadie los acata”, asegura su presidente, el magistrado, Gilbert Armijo.
Para Steffan Gómez, investigador del Programa Estado de la Nación, la apertura, en el 2009, de una oficina para seguirles el pulso a las condenas marcó una diferencia.
“Esto demuestra que cuando a la institución pública se le crean mecanismos de seguimiento, por más sencillos que sean, hay una mejora en el desempeño”, aseveró.
La Sala IV atiende anualmente entre 14.000 y 20.000 casos, algunos son de extrema urgencia como los relacionados con asuntos de salud.
Entre sus clientes más frecuentes, o entidades más recurridas, están la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Servicio Civil y las municipalidades.
Por mejorar. Pese al terreno ganado en cumplimiento, la prontitud con la cual se aplican los fallos aún está lejos de la excelencia.
De acuerdo con el informe, ninguna de las instituciones más recurridas logró superar el 25% de acatamiento en el plazo establecido.
La mejor respuesta proviene de los gobiernos locales, aunque cumplieron a tiempo solo una de cada cuatro sentencias. Le siguen la Caja y los ministerios, con un 20% de cumplimiento a tiempo.
Mientras, el Servicio Civil es el peor posicionado, pues solo uno de cada diez fallos los ejecuta en el periodo ordenado por la Sala.
El director del Servicio Civil, Joaquín Arguedas, negó que estén entre las entidades más recurridas y mucho menos que incumplan con los plazos de la Sala.
“Es absolutamente falso y no sabemos de dónde sacaron ese dato”, dijo, al tiempo que explicó que fue hasta el año pasado que un sindicato les puso 810 recursos de amparo.
Según dijo, en los casos que correspondía, se acataron los tiempos de respuesta exigidos por los magistrados, en otros aún están en tiempo para responder.
Al respecto, el magistrado Armijo dijo que en algunos casos deben hacer un mea culpa , pues en asuntos tan graves como los relacionados con salud, la Sala fija plazos muy perentorios o de acatamiento inmediato. A veces esa inmediatez es difícil de cumplir.
Más satisfechos. Según el Informe Estado de la Nación , en general hay una creciente satisfacción con el desempeño de la Sala IV.
Para tener un detalle más preciso, el estudio evaluó esa labor según la entidad recurrida y según el asunto tratado en la sentencia.
Así logró determinar que cuando se trata de asuntos relacionados con salud y tránsito, hay un alto grado de satisfacción de los recurrentes, ambos con 9,4 puntos.
Los casos relacionados con la gestión municipal y el ambiente tienen menor grado de satisfacción, 8,1 y 8,2, respectivamente.
Por entidad, la satisfacción con el trabajo del máximo tribunal es menor entre quienes interpusieron recursos que involucraban al Servicio Civil. La nota fue de 7,6.
En cambio, la valoración fue más positiva cuando se trató de recurrentes por asuntos relacionados con la Caja, con 9,4 puntos.