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Kilómetros y kilómetros de áreas silvestres protegidas cargadas de bosques, fauna y diversidad llevan décadas en manos privadas, a la espera de que el Estado pueda cancelar los terrenos.
Hasta hoy, la deuda se acerca a los $55 millones y 793 kilómetros cuadrados de parques nacionales, reservas biológicas, reservas naturales absolutas y un monumento nacional.
La gigantesca cifra equivale a ¢25.251,6 millones, prácticamente lo mismo que aprobó el Congreso para combatir la pobreza durante todo el 2005.
El tope presupuestario del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), limita las posibilidades de cancelar con celeridad las deudas, según reconoció su jerarca, Carlos Manuel Rodríguez.
Estos 793 kilómetros cuadrados representan el 12 por ciento del total de terreno cubierto por estas cuatro categorías de área silvestre protegida: 6.474 kilómetros cuadrados.
La mayoría de la deuda -$48,4 millones- se concentra en parques nacionales como el Tenorio y Rincón de la Vieja, en Guanacaste; Tortuguero, en Limón; Piedras Blancas, en la península de Osa; Manuel Antonio, en Quepos, y La Amistad, en la zona fronteriza con Panamá.
Otros $6,2 millones están pendientes de pago en reservas biológicas, reservas naturales y el Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba.
Así consta en los datos más actuales, suministrados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Desde principios de diciembre pasado La Nación solicitó el detalle de cuándo se adeuda por cada área silvestre protegida, pero hasta el 17 del mismo mes, no se obtuvo una respuesta del SINAC.
Pago a cuentagotas
Una vez que se da la declaratoria de área protegida, los terrenos privados pasan a administración del Estado, que a su vez debe cuantificar el valor de las tierras y pagarlas a su dueño original.
Sin embargo, este proceso puede tardar años o décadas.
Ese sería el caso del Parque Nacional Manuel Antonio, donde la mayoría de los propietarios privados esperaron más de 30 años para recibir el pago. Por fin, en este 2005 la deuda quedaría cancelada gracias a un fideicomiso creado con ese propósito.
El ministro Rodríguez estimó que el Minae requiere de ¢6.000 millones al año para acelerar las cancelaciones.
Sin embargo, el tope presupuestario impuesto por el Ministerio de Hacienda apenas le permite invertir en tierras unos ¢2.000 millones anuales.
A ese ritmo las deudas se pagarían en casi 13 años, sin tomar en cuenta la inflación y las revaloraciones de los terrenos.
Para el director del Área de Conservación Osa y uno de los promotores del sistema de parques nacionales, Álvaro Ugalde, "el problema no es de plata, sino de actitud".
Insistió en que se necesita más personal en el SINAC, pero no para que se cruce de brazos y diga que no hay recursos; sino para buscar ayuda en otros países o a través de organismos no gubernamentales.
Ese sería el ejemplo positivo del Parque Piedras Blancas, al sur del país, donde la mitad de los terrenos -unos 70 kilómetros cuadrados- ya se pagaron gracias a la cooperación privada internacional o la organización Nature Conservancy. "Lo que hace falta es salir a buscar plata y en grande", estimó Ugalde.
