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La instrucción del plan regulador para el cantón de Upala era contundente: restringir nuevas construcciones en áreas con riesgo de inundación y trasladar los edificios de instituciones públicas a zonas seguras.
El planteamiento, elaborado por expertos de la Universidad Nacional (UNA) entre 2008 y 2013, también recomendaba, en la medida de lo posible, el traslado del comercio del distrito central de ese cantón.
No obstante, la oposición de los comerciantes y vecinos a las instrucciones de los expertos provocó que la Municipalidad desechara el plan e ignorara las advertencias.
De acuerdo con el informe de la UNA, hasta el 2012 existían 1.309 edificaciones en riesgo de inundación en los centros poblados de Upala, de las cuales 930 eran residencias, 295 comercios y entidades públicas y 84 a otro tipo de estructuras.
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Contrario a lo recomendado por la Universidad, entre 2013 y 2016 la cantidad de metros cuadrados de construcción tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en los distritos de Upala, Canalete y Las Delicias se incrementaron.
Por ejemplo, en 2013 se tramitaron 12.473 m² solo en el distrito de Upala y en 2016 se han gestionado 26.000 m².
¿Por qué no se acataron las disposiciones? El ayuntamiento cedió a las presiones de los comerciantes que se oponían al ordenamiento porque sus propiedades se devaluarían y el acceso a créditos bancarios se afectaría, según explicó Alejandro Ubau, exalcalde de Upala.
“El Consejo Municipal lo aprueba en primera instancia para luego enviarlo al INVU, en ese momento empieza todo el movimiento de rechazo de parte de los comerciantes, quienes pidieron ajustes. Incluso, pidieron hacer un plebiscito para aprobar el plan regulador”, comentó Ubau.
Además, Juan Bosco Acevedo, actual alcalde de Upala, reconoció que no ha hecho nada por retomar el plan y que desconoce los detalles del mismo.
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Dionisio Alfaro, coordinador del equipo que construyó el plan regulador, afirmó que si se hubiese aprobado e implementado el documento el impacto del huracán Otto hubiese sido menor.
El paso del huracán afectó a más de 40.000 personas y dejó perdidas por miles de millones.
Según la UNA, 174 kilómetros cuadrados del cantón sufren riesgo de inundación, equivalentes al 11% del área total.
El estudio costó ¢150 millones, financiados por la Cooperación Española e incluía los planes de Guatuso y Los Chiles, sitios donde tampoco se aprobaron.
Colaboró el periodista Gustavo Fallas
