Corredores y La Cruz. Un grupo de 14 estudiantes de la Escuela Unidocente de Santa Rosa, en Corredores (Puntarenas), tiene casi dos meses de no recibir clases.
Mientras al norte, en el cantón de La Cruz (Guanacaste), otros 20 niños pasaron un trimestre completo sin recibir lecciones.
Estas dos historias tienen una causa común: el choque entre padres de familia y alumnos con los docentes a cargo; conflictos que, para perjuicio de los niños, no reciben la atención debida por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Estos 34 estudiantes están en franca desventaja con el resto de alumnos que han seguido el curso lectivo con total normalidad.
¿Cómo repondrán estos niños el tiempo perdido? Es una pregunta para la cual el MEP no dio una respuesta efectiva.
No fue sino hasta ayer que el ministro de Educación, Leonardo Garnier, se enteró de estos casos, lo mismo que la directora de la Contraloría de Derechos Estudiantes del MEP, Rocío Solís.
Ambos funcionarios coincidieron –por separado– en que el tiempo en tratar los casos en las oficinas regionales ha sido excesivo y prometieron dar un trámite expedito a la solución de estos conflictos.
Supuesta agresión. La humilde Escuela de Santa Rosa de Corredores, al sur del país, no recibe a sus estudiantes desde el 22 de mayo. Los papás decidieron no enviarlos más pues aducen que la maestra los agrede física y verbalmente.
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Mamás como Nuria Escalante cuentan que los niños no quieren ir a la escuela: “Mi hijo está muy afectado; ella lo maltrata de palabra y le dice groserías”.
“Queremos que reubiquen a la docente. Nuestros hijos viven traumatizados; ellos nos han dicho que mientras ella esté, no desean recibir lecciones”, dijo Siria Rodríguez, madre de otro alumno.
Aunque se efectuó una reunión con la asesora supervisora, la directora y la Fuerza Pública, la situación se mantuvo igual.
Por ello, a finales de junio, los padres acudieron a las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública (MEP) para interponer la denuncia formal. También pusieron la queja en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Sin embargo, la respuesta ha sido lenta, según Francisca Palacios, cuyo hijo es uno de los alumnos.
La oficina de prensa del MEP informó de que la Dirección Regional elevó el caso al Departamento Disciplinario para investigación. “El centro está abierto, pero algunos padres han decidido no mandar a sus hijos hasta que quiten a la directora. La supervisora envió nota al PANI para que intervenga”, informó el MEP.
La maestra niega los hechos y el MEP confirmó que elevaron el asunto al Disciplinario. Actualmente, esperan el debido proceso.
Todo un grado fuera. La supuesta agresión de una docente dejó un trimestre sin clases a 20 alumnos de quinto grado de la Escuela Salvador Villar, de La Cruz, Guanacaste.
Los padres acordaron no enviar a sus hijos si no se asigna otra profesora.
“Me decía que lo trataba muy mal, que se burlaba de él. Incluso, a una estudiante trató de agredirla físicamente”, dijo Natalie Agüero, madre de una niña.
Al no ver una respuesta rápida, los padres de los estudiantes pusieron cadena a la puerta principal de la escuela, el lunes pasado.
Ese mismo día, el director de la escuela, Berny Muñoz, recibió un comunicado de la Dirección Regional del MEP, en Liberia, informándole de que la educadora sería reubicada en labores administrativas mientras se investiga el caso.
Según Muñoz, será necesario esperar a que el MEP nombre otro docente para intentar recuperar el tiempo perdido.
Días atrás, la directora regional del MEP, María Auxiliadora Obando, explicó que un problema en la confección de un acta impedía actuar con más rapidez.
Rocío Solís aseguró que hasta ayer se enteró del caso de Corredores, por lo que recomendó que las denuncias de agresión se presenten en su departamento.
Solís dijo que el caso se está investigando con la urgencia que merece una denuncia de estas.
Tanto Solís como Leonardo Garnier coincidieron en que las escuelas deben tomar medidas para coordinar con los padres un plan remedial.
Según el ministro, los casos de conflicto con docentes no son inusuales, pero que a menudo se deben a problemas locales. “No podés mover un docente así no más. Sin embargo, en casos como estos, no debiera transcurrir tanto tiempo; no puede ser”, dijo.
La Defensoría de los Habitantes ha recibido varios casos así. Su preocupación es que los docentes se reubiquen sin hacer la investigación, pues se puede trasladar el problema a otra escuela.
Para Isabel Román, investigadora del Estado de la Nación, la voz de los padres debería ser una señal de alerta a la que se le debe dar seguimiento cuanto antes.