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Los casi 9.000 oficiales de la Fuerza Pública en todo el país se alimentan con sobrantes de supermercados que el Ministerio de Seguridad compra al Consejo Nacional de Producción (CNP).
Así lo reveló ayer el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal Soto, quien precisó que se trata de productos de baja calidad por los cuales, además, deben cancelar cada año millonarios impuestos a esa institución estatal.
“Pagamos más de ¢300 millones en impuestos al CNP por la compra de comida de tercera categoría”, dijo el funcionario, quien aseguró que se trata de “productos que no se vendieron en grandes supermercados y entonces el CNP los compra para su distribución en entidades estatales. Esto es increíble, una estafa. Es una muestra específica de la irracionalidad del Estado costarricense, de un Estado ineficiente”.
Su versión fue apoyada por el presidente ejecutivo del CNP, José Francisco Oreamuno, quien reconoció que “recibí un desastre de institución y necesito tiempo para corregir los problemas”.
Millones. Pese a la mala calidad de alimentos, las compras anuales ascienden a ¢1.900 millones que se destinan a desayunos, almuerzos y cenas de los oficiales. A ese cuantioso presupuesto, se debe sumar, además, el salario de unos 400 policías que laboran como cocineros en distintas delegaciones policiales.
También deben agregar gastos adicionales en combustible para el trasladado, desde la capital, donde almacenan los alimentos, hasta puestos policiales en las fronteras con Panamá y Nicaragua, entre otros puntos del territorio.
“Esos hombres deberían, necesariamente, estar corriendo línea, es decir, protegiendo a la gente en las calles, como manda la Ley, no cocinando”, afirmó Berrocal.
Precisamente, anunció la puesta en marcha de un programa de reforma institucional que permitirá reorientar los recursos de ese Ministerio para destinarlos de forma urgente a la seguridad ciudadana.
De acuerdo con informes en poder del oficial mayor de Seguridad Pública, Luis Antonio Román –quien coordinará la reforma institucional–, este Ministerio “tiene una estructura obsoleta que debe ser remozada para mejorar la seguridad ciudadana”.
Labores ajenas. Román precisó que hay de 247 puestos de policías destinados a “actividades auxiliares” tales como sastrería, talleres mecánicos, cocina y obras civiles, por las que Seguridad Pública paga más de ¢1.200 millones al año.
Sin embargo, aclaró que se trata solo de “oficiales registrados en nuestras bases” pero la cantidad se eleva a 400 pues hay policías trabajando en asuntos administrativos, sin reportarlo, para no perder diversos beneficios.
“Este año debemos pagar ¢180 millones en gas para las cocinas del Ministerio. Es una locura sin límites”, insistió el funcionario.
Ese mal uso de los recursos de Seguridad Pública será solucionado mediante la privatización de servicios como sastrería , talleres mecánicos y cocinas.
“No pensamos despedir a nadie. Se reubicará gente en puestos policiales y otros tienen edad para jubilarse”, añadió Berrocal.
En el caso de las cocinas, se valora pagar un monto adicional a los policías para que compren o traigan comida de sus casas. También analizan delegar las cocinas a cooperativas y asociaciones.
